El campo murciano parará el 16 de febrero por la crisis de los precios

Los tractores y camiones volverán a las calles de la ciudad de Murcia el próximo 16 de febrero. El sector agrario y ganadero de la Región de Murcia ha plantado su propio calendario de movilizaciones que culminará en marzo con una gran protesta en Madrid impulsada por las principales organizaciones agrarias. La crisis de los precios provocada por las tensiones comerciales a nivel internacional es la responsable de esta gran manifestación que COAG, ASAJA y UPA quieren llevar a cabo con el apoyo de las cooperativas, empresas agrarias y comunidades de regantes.

Las tres organizaciones parten con la idea que una movilización del sector primario no acaba en balde. Las protestas que llevaron a cabo en febrero de 2020, antes de la pandemia por el coronavirus, concluyeron en la reforma de la ley de la cadena alimentaria que culminó con su aprobación a finales del pasado año. Pero ante las "nuevas situaciones y las futuras amenazas en el horizonte que ponen el peligro la viabilidad del campo por el incremento de los costes de producción", las principales organizaciones llaman a un paro masivo en el campo con la petición expresa a los empresarios de que se cese la actividad y marchen hasta Murcia en tractores y camiones.

A tres semanas vista, las organizaciones se han reunido en la mañana de este lunes con el Sindicato Central de Regantes, Jucers, Fecoam, Fecamur, Proexport y Apoexpa para aunar fuerzas de cara a dicha protesta. Encima de la mesa hay distintos problemas que a juicio de los representantes del sector todavía no se han resuelto. El incremento de los costes de producción, la permisividad de la Unión Europea con la importación de productos de terceros países sin controles de calidad, la política agraria común, el pacto verde europeo o la redistribución injusta de beneficios entre los actores de la cadena agroalimentaria son algunos de ellos y las tres organizaciones apuntan a "una actitud poco colaboradora" tanto del Gobierno central como del regional.

José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, remarcaba que no "queda otra que volver a las calles" ante la crisis estructural del sector y la peculiaridad que presenta la Región de Murcia, que en su futuro más cercano ve un déficit aún más agravado de recursos hídricos por los caudales ecológicos del Tajo y los recortes en el Trasvase y por la reforma de la política agraria común, que sigue sin convencer en la Región.

Alfonso Gálvez, presidente de Asaja, pone el acento en la actitud del Ejecutivo español, "muy influenciado y marcado" por las políticas europeas, que a su vez se están viendo presionadas por lobbys exportadores de distintos países como Alemania, Holanda y Bélgica, en contra de plantear medidas más restrictivas para la llegada de productos de Sudamérica o África. Gálvez critica los planes europeos: "Da la impresión que España y la UE quieren reducir la producción agraria en todo el territorio europeo pero mantienen una política global de apertura de mercados". Programas como 'De la granja a la mesa' o el pacto verde europeo obligan "a una restricción de abonos y fertilizantes y sin embargo se sigue permitiendo la exportación masiva a Europa sin controles".

Controles en la Región

Quien más crítico ha sido con el Gobierno regional ha sido Marcos Alarcón, presidente de UPA, quien plantea, en primer lugar, que la Comunidad fue una excepción entre las autonomías que pusieron fondos propios para ayudar al sector agrario durante la pandemia: "La acción del Gobierno regional no puede basarse en los fondos europeos". Ante esto, Alarcón se ha centrado más en la labor de inspección que debe hacer la Consejería de Agricultura para garantizar que no haya venta a pérdidas y se cumpla la nueva ley de la cadena en el campo, un organismo al que tanto UPA como COAG han demandado una unidad específica de inspección para vigilar estos contratos entre productores y plataformas de distribución.

"No podemos tolerar la presión de los distribuidores europeos y las plataformas a las que vendemos, hay que ajustar el margen de beneficios en todos los eslabones de la cadena alimentaria", y ante todo esto "la Comunidad ha hecho muy poco", señalaba el representante de UPA.

Alarcón cree que es necesario "un cambio de costumbres y mentalidad" entre los implicados en la producción y distribución de los alimentos y Gálvez que las administraciones autonómicas vigilen y sancionen aspectos más allá de los contratos y precios, como el etiquetado fraudulento en el origen de los productos. Marín volvió a recordar la necesidad de plantear un desarrollo estructural de la ley a nivel autonómico para garantizar ese control.