El excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y actual director general de Agua de la Comunidad Valenciana, Manuel Aldeguer, está «preparado» para que en el momento en el que «perjudique» al PSOE por el caso Topillo en el que está involucrado, «cogeré y me marcharé». El responsable entre 2004 y 2012 de las inspeccionar las explotaciones agrarias que tenían suministro de agua en el Campo de Cartagena y de abrir expedientes sancionares defenderá en la causa judicial por la contaminación con vertidos al Mar Menor que «no hubo falta de diligencia» por parte de la CHS en los años en los que operaban cientos de desaladoras sin autorización en la cuenca vertiente.
Aldeguer cree que el trabajo que entonces realizaron para tramitar las solicitudes de los agricultores con el fin de legalizar la extracción de agua del acuífero y el uso de las desaladoras fue «el camino correcto», aunque no lo entiende así la Fiscalía de la Región de Murcia, que pide para él un año y nueve meses de cárcel más una multa de 5.760 euros y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante nueve años. Aldeguer es el actual director del Agua del Gobierno valenciano, un cargo al que llegó en 2015 tras ganar las elecciones autonómicas el Partido Socialista en la comunidad vecina.
«Me queda en la conciencia que hicimos lo correcto para salvar el Mar Menor». El excomisario Manuel Aldeguer explica ahora, tras su cese a finales de 2011 cuando se le fue comunicado, que «quizá me equivoqué y lo que teníamos que haber hecho era desmantelarlo todo». «No hice las cosas correctas y tenía que haber levantado todas las desaladoras y las tuberías». Pese a esto, deja claro que la paralización de toda esa red de canalizaciones que recogía el vertido de nitratos es la causa «que ha llevado a la actual situación del Mar Menor».
«El fiscal interpreta que teníamos que haberlo desmontado todo», y con todo se refiere a las desalobradoras privadas y la red de drenajes y salmueroconductos que se construyó en el Campo de Cartagena para, en un principio, impulsar el rechazo de salmuera cargada con nitratos hasta la desaladora de El Mojón con el fin de tratar el vertido. Sin embargo, «lamentablemente la utilidad de toda esta cara infraestructura ha sido prácticamente nula», refleja el fiscal Miguel de Mata en su escrito de acusación, ya que todo acabó o vertido al Mar Menor.
Legalizarlo todo
«El plan era la construcción de un red de conducciones de desagües y salmueroconductos de recogida para tratar el rechazo en la planta de El Mojón, y estas canalizaciones se conectaban, con decenas de plantas desalobradoras», señala Aldeguer, «ante la construcción de estas desaladoras privadas sin evaluación de impacto ambiental y sin concesiones, empezamos a tramitar los expedientes para poner todo en orden». El acusado, subraya, intentará demostrar ante el juez si se abre juicio oral que «no nos quedamos de brazos cruzados» y que «no hubo de ninguna manera falta de diligencia».
Con toda esa infraestructura montada, Aldeguer defiende que el Mar Menor pasó «de una situación que tenía contaminación por el fallo de las depuradoras de varios municipios y por las que había que cerrar playas continuamente cada verano, a tener 16 banderas azules». Ahora, explica, «me encuentro con que soy el responsable de todo lo que ha hecho mal el Estado».
COAG: «Los vertidos llegaron porque la red de tuberías estaba en mal estado»
«No era ilegal extraer agua del acuífero a través de los pozos autorizados ni tratarla después en desaladoras privadas». Vicente Carrión, presidente de COAG en el Campo de Cartagena, defiende la gestión que hizo su organización, que facilitó la localización de las desaladoras privadas a la CHS «para abordar una solución definitiva, técnica y ambientalmente viable», señala el fiscal en sus conclusiones del caso Topillo. «Queríamos regularizar esa situación», señala Carrión, aunque los agricultores investigados emplearon sus máquinas sin autorización.
«El problema llega con los vertidos, porque la red de tuberías que construyó el Estado para conducir los rechazos de salmuera al Albujón no estaba en buenas condiciones, había roturas». Lo destrozaron todo, alega, «en vez de darle una solución».
Los regantes de Cartagena defienden que el salmueroconducto nunca fue gestionado por ellos, por lo que no tienen implicación en la causa. Consultados por este periódico, la Fundación Ingenio no aclara qué ocurrirá con dos de sus patronos (Ciky Oro y Gs España) para cuyos administradores el fiscal pide tres años y medio de cárcel.
