Los ayuntamientos más afectados por el nuevo mapa de zonas de flujo preferente o de riadas de la CHS han unido fuerzas y la estrategia a partir de ahora es buscar soluciones de forma conjunta para un problema de difícil solución. Más allá de las actuaciones que cada consistorio lleva a cabo con la Confederación Hidrográfica del Segura para desbloquear la concesión de licencias urbanísticas, alcaldes y técnicos municipales de Urbanismo se reunieron ayer junto con la Federación de Municipios de la Región de Murcia para crear una comisión técnica que permita dibujar un camino administrativo más fácil.

Tres líneas de actuación han marcado los técnicos para trabajar, y en dos de ellas se pide la colaboración de la Consejería de Fomento. El departamento de José Ramón Díez de Revenga ya había rechazado intervenir en la declaración de Alta Inundabilidad de los municipios por no tener competencias en el dominio público hidráulico, algo que depende de la CHS. Sin embargo, los técnicos municipales entienden que la Consejería puede entrar en este conflicto dado que tiene las competencias en la ordenación del territorio.

Por tanto, una de esas líneas será demandar «normas complementarias» que se apliquen en los territorios fuera del control de la Comisaría de Aguas de la CHS en torno a cauces y ramblas pero que permitan reducir el riesgo de inundaciones. Manuel Pato, secretario general de la Federación de Municipios en Murcia, considera como «un instrumento perfectamente válido» el nuevo Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (POTPRI) que la Consejería quiso comenzar a redactar a finales del pasado año pero cuya licitación quedó desierta, tal y como avanzó este periódico.

Este plan busca desplazar los desarrollos urbanísticos en la Región hacia zonas no inundables «o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que sea posible, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes». Este tipo de medidas ya las han aplicado otras comunidades como la valenciana, recuerda Pato.

Otra línea sería demandar tanto a la Confederación como a Fomento una serie de planes de infraestructuras de protección en los municipios más afectados para corregir el mapa de riadas. Pato, al igual que los técnicos municipales, considera que el nuevo mapa de avenidas de la CHS no contempla el efecto de las nuevas obras hidráulicas que se han hecho desde que en 2016 se estableciera un régimen jurídico mediante decreto con importantes limitaciones para las zonas donde hay escorrentías y el suelo sea urbanizable. El secretario de la FMRM considera que si la CHS corrige su mapa se podría llegar a redefinir el 15% de los límites que marcan el mapa de inundabilidad. «Habrá que cambiar esos límites en determinados sitios». Los ayuntamientos llegaron a decir que está «desfasado».

Más tiempo para los cambios

Los consistorios reunidos ayer, en una mesa técnica a la que se ha sumado Alcantarilla y San Javier, estudiarán también demandar un régimen transitorio del reglamento del Dominio Público Hidráulico que permita salvar la laguna legal que planteó el hecho de establecer zonas de flujo preferente en 2016 para cumplir con la normativa europea pero conociendo el mapa en 2021. Por ello, municipios como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina piden, ante el retraso administrativo inevitable para adaptarse a la normativa estatal, espaciar este régimen desde que salió adelante hace seis años hasta que se apruebe la cartografía definitiva.

La concejala de Urbanismo de Molina, Julia Fernández, no espera que Fomento colabore: «Si se inhiben de sus propias competencias, no van a trabajar con los ayuntamientos en este problema». En su municipio, el nuevo mapa de riadas no paraliza ningún proyecto urbanístico aunque están pendientes por la posible afección en el entorno de la rambla del Chorrico, donde están las urbanizaciones.

Murcia encargará su propio mapa de avenidas para ‘corregir’ el de la CHS

El Ayuntamiento de Murcia espera agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas tras recibir de la CHS un informe que detalla las limitaciones que existen para el organismo de cuenca a la hora de dar el visto bueno para construir en zonas afectadas por posibles riadas. Este modelo genérico permitirá comprobar más rápido si los proyectos urbanísticos cumplen o no con la normativa vigente, y permitirá, según el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, desatascar el 80% de las licencias paralizadas en un corto periodo de tiempo. «Para algunos proyectos será necesario que los promotores presenten nueva documentación que se les requerirá», señala el edil. Para el 20% restante será necesario aprobar la declaración de Alta Inundabilidad en el municipio que permita construir en estas zonas con condicionantes, algo en lo que ya trabajan con la CHS. 

Cartagena, por su parte, está a la espera de recibir ese modelo que permita desatascar algunos proyectos. «En cuanto recibamos el texto de la CHS, los técnicos municipales se pondrán manos a la obra para analizar el informe y acelerar todos los trámites, en base a los términos del texto. Pero hasta que no lo recibamos, no podemos empezar», señalan fuentes del área de Urbanismo. 

El concejal de Murcia señala por su parte que el Ayuntamiento llevará a cabo un propio mapa de zonas de flujo preferente para enmendar el de la CHS, que no recoge las nuevas obras hidráulicas que se han llevado a cabo en los últimos años. Guerrero está de acuerdo en que habrá que redefinir la cartografía del organismo de cuenca, lo que podría llegar a cambiar la línea entre una zona en riesgo o no entre un 5 y un 15% de estos límites. 

Consejería: «Las obras hidráulicas son competencia estatal»


El nuevo mapa de flujos preferentes de la CHS establece «unas delimitaciones de escasa fiabilidad y poco rigor técnico y se ha puesto en duda su procedimiento de aprobación». La Consejería de Fomento, que protesta por no haber sido invitada a la reunión, señala que en cuanto a las obras hidráulicas de defensa contra inundaciones «es el Estado quien tiene la competencia exclusiva para realizar estas infraestructuras», mientras que tiende la mano para plantear «una eventual participación» de la Comuniodad en esas medidas complementarias que demandan los municipios, «pero nunca podría abordar la raíz del problema que ha generado otra administración». En los espacios urbanos «son los ayuntamientos quienes deben velar por tener las infraestructuras adecuadas», señalan fuentes de Fomento.