La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por los dueños del ILE Senior Club, en las inmediaciones de la Catedral contra los trabajadores sociales del Ayuntamiento y otros posibles participantes en el registro que la Policía Nacional efectuó en la misma tras la denuncia de los familiares de una usuaria que no conseguían conectar con ella. Los dueños de esa residencia (un matrimonio y su hijo, que fueron detenidos) llegaron a atribuir a los querellados un total de siete delitos, entre ellos, los de allanamiento de morada, prevaricación, cohecho, coacciones e injurias y calumnias por la actuación llevada a cabo en marzo de 2019. No hubo allanamiento de morada alguno, ya que la operación fue autorizada por el juez.