Las limitaciones que los mapas de zonas inundables han planteado en 26 municipios de la Región con mayor riesgo de riadas bloquean la construcción de 2.713 viviendas, un millar de ellas en el término municipal de Murcia, según los cálculos realizados por la decana del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver. Esta cifra se corresponde con los visados emitidos por este Colegio en 2021 que aún no han obtenido la licencia de obras, aunque el bloqueo puede afectar a miles de casas previstas en los planes urbanísticos si no se resuelve el conflicto.
La patronal regional de la construcción Frecom, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm) y los colegios de Arquitectos y de Aparejadores firmaron este lunes una declaración institucional en la que alertan de la graves dificultades económicas y de la inseguridad jurídica que origina la falta de respuesta de las administraciones a las empresas y a las familias que esperan una licencias de obras y no saben cuándo podrán conseguirla.
El presidente de Frecom, José Hernández, el tesorero de Apirm, Salvador Arce, y los decanos de ambos colegios, María José Peñalver y Antonio Marmol, respectivamente, explicaron que el Ayuntamiento de Murcia, ante las incógnitas que suscita la cartografía de la Confederación Hidrográfica del Segura en las zonas ribereñas y en las pedanías más próximas a las ramblas, envía las licencias de obras a la CHS para que emita un informe, a pesar de que a este organismo no le corresponden las decisiones urbanísticas.
María José Peñalver apuntó que las consultas de los consistorios suponen una «cantidad inasumible» de documentos por tramitar para el organismo de cuenca. También dijo que a la lentitud de la Administración para resolver los expedientes se suma en este caso la ausencia de un procedimiento claro que permita determinar las posibilidades de edificación de cada parcela según su ubicación y su proximidad a las zonas de riesgo.
El presidente de Frecom acusó a la Administración de dejación de funciones y pidió que los ayuntamientos, la Comunidad y la CHS se pongan de acuerdo para delimitar las áreas afectadas y establecer las medidas para mejorar la seguridad de las edificaciones. Así, José Hernández sugirió que una alternativa puede ser «elevar las construcciones mediante unos pilares» que eviten la entrada del agua.
Por su parte, el decano del Colegio de Aparejadores, Antonio Mármol, dijo que el problema podría haberse evitado si la Administración central «hubiese consultado con las empresas y con los técnicos el contenido decreto de 2016», que obliga a elaborar los mapas de inundabilidad, y si la CHS hubiese sacado sus mapas a consulta. Mármol señaló que, a pesar de la experiencia acumulada en la cuenca del Segura sobre las riadas, «parece que se quiere hacer otro modelo de ciudad». Alertó de que los fondos europeos destinados a la rehabilitación se quedarán sin ejecutar.
Salvador Arce añadió que «las empresas no pueden esperar» y pidió agilidad a los ayuntamientos.
