Los funcionarios adscritos a Muface que reciben asistencia sanitaria a través de las compañías privadas se están viendo obligados en muchos casos a pagarse una PCR de su bolsillo cuando sospechan que pueden haberse contagiado de covid. Los empleados de la Administración que no están cubiertos por la sanidad pública se están encontrando con que estas compañías con las que tienen concertados sus seguros de salud les dan largas o dilatan tanto las citas que piden para hacerse la prueba, por lo que tienen que buscarse los medios para salir de dudas.

Según explicó el representante de CC OO Diego Fernández, adjunto a Política Educativa de la Federación de Enseñanza del sindicato, llegan a gastarse entre 70 y 90 euros en un laboratorio privado cuando descubren que han tenido contacto directo con un enfermo de coravirus y temen que ellos mismos puedan convertirse en una fuente de contagio.

Al igual que ocurrió con las vacunaciones, los mutualistas que están adscritos a compañías privadas se sienten en el limbo, dado que no encuentran la atención que buscan ni en estas empresas ni en los centros públicos dependientes del Servicio Murciano de Salud.

En la Región hay actualmente algo más de 60.000 mutualistas divididos entre Muface, Mujeju (para el sector de la justicia) y el ISFAS (Fuerzas Armadas). A través de los conciertos que estas entidades tienen con compañías como Asisa o Sanitas reciben asistencia sanitaria los funcionarios y sus familiares.

Con la sexta ola la situación se ha vuelto especialmente crítica para los profesores, ya que están obligados a seguir acudiendo a las aulas y a pasar horas con los alumnos sin vacunar hasta tener la certeza de están contagiados, en cumplimiento del protocolo establecido.

Lo mismo ocurre en otras instituciones públicas en las que deben seguir trabajando los funcionarios hasta que se les certifica oficialmente que están contagiados, a pesar del riesgo que su presencia entraña para sus compañeros y para los usuarios a lo que tendrán que atender durante su jornada. El dirigente sindical destacó que en este momento los mayores contagios se están produciendo en las aulas.

Diego Fernández precisó que, al tratarse de empleados que no están cubiertos por la sanidad pública, el Servicio Murciano de Salud «en unos casos está asumiendo el coste y en otros, no».

El problema es que tampoco consiguen que los médicos de sus compañías les hagan la PCR.

«Las tendría que prescribir el médico, pero no las prescribe», señaló.

El representante de CC OO se muestra partidario de que la sanidad pública «atienda a los funcionarios adscritos a las mutuas y que después les pase la factura, tal y como hace cuando los recibe en las urgencias».

Señaló que ante la indefinición en la que se encuentran los mutualistas se ven sometidos a «un peloteo y tienen que ir de un lado a otro», sin que nadie les atienda, lo que genera una gran confusión. «Las compañías privadas escurren el bulto», concluyó.

Diego Fernández señaló que ante la incertidumbre, los funcionarios optan por pagarse sus propias pruebas, «que cuestan entre 70 y 90 euros», para saber si se han contagiado y deben aislarse o pueden seguir realizando su actividad sin poner en riesgo a las personas con las que mantienen contacto.

La sanidad pública realizó test de antígenos el pasado fin de semana a las personas que acudieron a la Plaza Romea de Murcia.

Respuesta de Muface

Fuentes de Muface respondieron a La Opinión que la mutua «no se encarga de hacer las PCR de los vacunados», sino que «presta asistencia sanitaria a las personas que están enfermas», señalaron.

La mutua sostiene que las condiciones no han cambiado y apuntan que «si el mutualista ha sido contacto estrecho de un positivo, la competencia es de la sanidad pública». Por tanto, entiende solo si el funcionario «tiene síntomas» debe acudir a la compañía con la que tiene contratado su seguro.