La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha abierto las puertas a la tramitación parlamentaria a la iniciativa legislativa popular impulsada en la Región de Murcia para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Al haber verificado ya que la iniciativa obtuvo más de 500.000 firmas y que estas fueron reconocidas por la Junta Electoral Central, ahora la tramitación ya la considera como Proposición de Ley y el Gobierno central deberá dar su conformidad con la propuesta en un plazo de no más de 30 días. Es decir, a principios de 2022 la ILP pasará a manos de forma definitiva de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde los promotores tienen asegurada la mayoría de apoyos entre los parlamentarios.
Tanto el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, como el Ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero, deberán dar su visto bueno a la iniciativa en un mes. La intervención de este último ministerio, según apuntan fuentes parlamentarias, se debe a que tiene que comprobar si la iniciativa popular afecta a los Presupuestos Generales del Estado. Por lo pronto, los promotores, con la profesora de la Universidad de Murcia Teresa Vicente a la cabeza, celebran este paso dentro del Congreso para que la laguna adquiera derechos propios, un proyecto que sería pionero en Europa aunque tiene ya réplicas en otros continentes.
Si el Gobierno no tiene nada que objetar, los promotores deberán defender la ILP ante los diputados para mostrar los beneficios que tendría para la laguna una iniciativa así. Más tarde, la tramitación pasa por meter el proyecto en el orden del día del Pleno del Congreso para que se pueda tomar en consideración. Esta parte, dado que se debate por orden de llegada, podría prorrogarse más en el tiempo, aunque los promotores confían en que no se retrase mucho.
De ser aprobada la consideración de la Cámara Baja, comienza el plazo de enmiendas al texto de la proposición de ley, un texto jurídico que fue preparado por el grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la UMU. La iniciativa cuenta tanto con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones minoritarias del Congreso, y también desde hace poco tiempo con el respaldo del Partido Popular, que dio un giro brusco en su actitud ante la iniciativa legislativa tras la advertencia del último barómetro del CEMOP. En esta encuesta electoral los participantes señalaron al Gobierno regional (Partido Popular más expulsados) como principal responsable del estado ecológico del Mar Menor, incluso sus propios votantes.
Será en la Comisión de Transición Ecológica donde se debatan las enmiendas mientras que podrán convocarse nuevas ponencias dentro de este órgano de trabajo del Congreso. Una vez se apruebe por la Comisión, el pleno del Congreso deberá hacer lo mismo si no se presentan enmiendas que frenen el texto y después el Senado deberá refrendarlo.
Juan Luis Soto, diputado del PSOE y miembro de la Comisión, celebra este paso dado por la Mesa de la Cámara y espera que todo se agilice en la tramitación parlamentaria.
Los vigilantes
«Un cuerpo independiente de tres patas». Así definió la jurista Teresa Vicente al organismo que vigilaría que todo se cumpla si sale adelante la personalidad jurídica. Por un lado, será necesario un comité científico independiente, en el que los promotores de la ILP esperan que estén aquellos que dimitieron del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor por discrepancias con el Gobierno regional. Por otro lado, los vecinos ribereños cuya actividad económica dependa de la laguna. Por último, una representación legal que aúne a las administraciones estatal, regional y local, y también a la ciudadanía.
