El Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha abierto diligencias previas para aclarar si el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, cometieron un delito de cohecho al estar presuntamente implicados en un trato de favor médico a un familiar enfermo del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. El pasado 2 de diciembre el titular de Instrucción José Fernández Ayuso requirió a la Fiscalía de la Región de Murcia que informe «acerca de la viabilidad jurídica» de la denuncia interpuesta por las formaciones políticas Podemos e Izquierda Unida contra ambos investigados, «con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados».
La denuncia parte de una noticia publicada por el medio digital InfoLibre el pasado mes de junio, donde se informaba de una conversación mantenida por WhatsApp entre López Miras y García Egea, donde el segundo pedía información sobre el avance de una cita médica pendiente de un familiar y pedía al presidente murciano que se asegurase de que lo citasen. «Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde», se leía en una de las imágenes captadas del teléfono del jefe del Ejecutivo murciano, en el que el secretario general de Salud, Andrés Torres, informaba de la cita médica para una operación al familiar del número 2 del PP.
La información publicada por el medio digital motivó una denuncia contra el director del mismo y la periodista que firmaba la noticia, los cuales tuvieron que declarar ante un juez recientemente por un delito de revelación de secretos que podría acarrear hasta cinco años de cárcel. Ambos periodistas declararon que la información publicada tiene relevancia informativa y que el Gobierno regional no desmintió en ningún caso lo publicado.
Investigación interna
Una investigación interna del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue operado el familiar de García Egea, determinó tras la denuncia de este paciente por acceso sin autorización a su archivo médico que «no hay indicios de trato de favor» a esta persona. Además, se señaló que «está en la media de espera de intervención dentro de los procesos calificados en su mismo nivel de complejidad y riesgo» y, por tanto, no se habría adelantado esa intervención. De esta forma, insiste el informe, «con los datos obrantes y certificados, entendemos que no hay indicios de trato de favor a este enfermo».
La inspección del centro siguió el rastro de quien había accedido a ese historial clínico y descubrieron que un trabajador sanitario, que actualmente no ejerce como tal por ser delegado sindical de UGT y por tanto no tenía por qué acceder al mismo, habría consultado el historial. Finalmente, este sanitario reconoció que había accedido al historial clínico de este paciente, a petición de un cargo superior en su organización sindical, históricamente vinculado al PSOE, según informó Europa Press.
Unidas Podemos interpuso días más tarde de publicarse la información una denuncia por cohecho contra el presidente de la Región al intervenir supuestamente en adelantar en la lista de espera al familiar de García Egea. El Partido Popular señaló entonces que se trata de «un delito de intromisión ilegítima accediendo de manera supuestamente ilegal a lo más sagrado que tiene un ciudadano, los datos personales de su historia clínica».
El PP confía en que la denuncia no prospere al ser "rotundamente falsa"
l secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, acusó ayer a Podemos de utilizar la Justicia para sus sucios fines políticos sabiendo que la denuncia contra el presidente, Fernando López Miras, es rotundamente falsa. «Es mezquino y miserable que un partido que no respeta a la Justicia y que mantiene en sus filas a dirigentes condenados en sentencia judicial firme, a los que incluso se les recompensa con puestos de asesores bien remunerados en el Gobierno central, intente manchar el honor de López Miras y García Egea», ha aseverado el secretario general. En la formación no creen que la denuncia vaya a más y que el juez acabará archivando las diligencias ya que no ha existido cohecho en este caso. Luengo se mostró confiado en que «la sombra con la que intentan deshonrar a personas de trayectoria intachable desparecerá dejando claro que se trata de una estrategia política oportunista, por la que Podemos tendrá que dar muchas explicaciones». «Denunciar no puede salir gratis y aquellos que atentan contra la dignidad de las personas deberán asumir las consecuencias de sus actos», dijo Luengo, quien ha anunciado que interpondrá acciones legales por esta denuncia falsa.
Podemos: "No es la primera vez que juegan con las vidas de la gente"
El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha señalado que «no es la primera vez que juegan con las vidas de la gente» los dirigentes del Gobierno regional, ya que recuerda que en el caso de «las vacunas vip a altos cargos en enero ya demostraron lo mucho que piensan en sí mismos y lo poco que les importan las vidas del resto. Este escándalo es otra prueba más. Cuando un político favorece a un familiar para saltarse la lista de espera aprovechándose de su cargo, lo hace en detrimento de otro paciente». Desde la formación morada subrayan además que «ninguno de los implicados ha negado los hechos, sino que se han dedicado a intimidar a los medios que hablan de este caso», un ataque a la libertad de prensa que, en opinión de Sánchez Serna, supone «una prueba más de que el PP ha traspasado en esta legislatura todas las líneas rojas».
