Abren diligencias al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por su presunta mediación en abril en una intervención quirúrgica a la que debía someterse un familiar del número dos del PP, Teodoro García Egea. El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha acordado incoar diligencias previas por la denuncia por cohecho presentada por Podemos e Izquierda Unida contra el actual presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente.
En la resolución, fechada el 2 de diciembre, el magistrado pide al Ministerio Fiscal que informe en un plazo de diez días “acerca de la viabilidad jurídica” de la denuncia interpuesta, “con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados”.
El PP aseguró que se habían seguido los protocolos
El PP aseguró que «en todo momento se han seguido los protocolos médicos establecidos para este tipo de pacientes». Además, acusan al diario digital Infolibre, que avanzó la información, de haber publicado una conversación «descontextualizada» del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «a la que han accedido de forma ilícita». Fuentes cercanas al número 2 del PP afirmaron que ha molestado especialmente el hecho de que se haya perturbado la tranquilidad de una persona convaleciente, como es el familiar operado de Egea.
En dicha conversación, el jefe del Ejecutivo, durante una sesión plenaria en la Asamblea, le escribe a García Egea: «Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde». Le contesta el secretario general: «Cojonudo», reaccionó el secretario general, y completa su respuesta con un segundo mensaje: «Pero creo que tiene que verlo un cardiólogo». «OK. Voy a verlo», le replica de nuevo López Miras, y García Egea vuelve a contestar: «Gracias líder». Por último, el presidente murciano replica: «A mandar».
El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha señalado que “no es la primera vez que juegan con las vidas de la gente" los dirigentes del Gobierno regional, ya que recuerda que en el caso de "las vacunas vip a altos cargos en enero ya demostraron lo mucho que piensan en sí mismos y lo poco que les importan las vidas del resto. Este escándalo es otra prueba más. Cuando un político favorece a un familiar para saltarse la lista de espera aprovechándose de su cargo, lo hace en detrimento de otro paciente”.
Desde la formación morada subrayan además que “ninguno de los implicados ha negado los hechos, sino que se han dedicado a intimidar a los medios que hablan de este caso”, un ataque a la libertad de prensa que, en opinión de Sánchez Serna, supone “una prueba más de que el PP ha traspasado en esta legislatura todas las líneas rojas”.
La portavoz del Partido Popular en la Región, Miriam Guardiola, ha señalado que la acusación que realizan Podemos e Izquierda Unida es "rotundamente falsa". En la formación no creen que la denuncia vaya a más y que el juez acabará archivando las diligencias ya que no ha existido cohecho en este caso. "Esto es una estrategia rastrera de Podemos, que utiliza a la justicia para politizarla y que además no creen en ella". Guardiola ha recordado que la formación morada tiene a altos cargos condenados como la diputada de Madrid Isa Serra o quien fue diputado en el Congreso, Alberto Rodríguez, ambos por un delito de atentado a la autoridad por lesiones causadas a varios agentes policiales.
