Diego Conesa, que ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por última vez, acusó ayer al Partido Popular y a los tránsfugas de «tirar a la basura doce años de trabajo y negociación política» para elaborar el nuevo Estatuto de Autonomía.

El exlíder del PSOE murciano recordó en la cámara que el trámite de enmiendas tiene como finalidad «mejorar e incluso pulir aspectos que planteen dudas de inconstitucionalidad» y se preguntó si lo que preocupa a la cámara es la enmienda socialista para regular la figura del diputado no adscrito. «No nos sorprende su patada en el tablero después de ver al PP abandonar el Pacto Antitransfuguismo tras 23 años», sentenció.

Asimismo, afeó a los populares que usen el mismo argumentario que el separatismo cuando «dicen que no van a permitir que el Congreso modifique lo que se ha aprobado aquí». Por eso, reclamó al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, que «reconduzca este disparate y cacicada» y que se abstuviera como llegó a hacer en ocasiones anteriores por «neutralidad» (aunque no le convenció).

Finalmente, Diego Conesa señaló que el PSOE ha buscado desde el principio el consenso en las enmiendas que ha planteado y aseguró que lo seguirá buscando de cara a su debate.

La portavoz de Podemos, María Marín, anunció que su partido no iba a participar en la votación y calificó el proyecto de «chapuza». Además, esgrimió que «el reglamento no se puede cambiar en dos días según el humor con el que se haya levantado su presidente». Para Marín, que el Gobierno regional se haya puesto «tan nervioso porque se pretendan introducir medidas que garanticen que nadie pueda volver a comprarse diputados elegidos por otras formaciones, como ocurrió en la Región de Murcia, da muestras de que para López Miras todo vale con tal de seguir atornillado al sillón».

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina remarcó que la iniciativa contiene «aspectos de dudosa legalidad» y auguró que con esta reforma la cámara murciana le iba a dar «más trabajo al Tribunal Constitucional», ya que entiende que para su aprobación se necesita una mayoría cualificada (tres quintos). «Nada es gratis. Estos tejemanejes antidemocráticos cuando llegue el momento los van a pagar», les espetó a los parlamentarios populares y a los tránsfugas.

Otro aspecto que resaltó Molina es el de las mayorías cualificadas, que han desaparecido y que el reglamento actual también deja muy claro: para retirar una iniciativa se debe tener la misma mayoría que la impulsó, en este caso, tres quintos que, «a pesar de los votos de los tránsfugas, el Partido Popular no tiene».