«Ni están todos los que son ni son todos los que están». Este es el resumen que realiza Ecologistas en Acción sobre el auto de procedimiento abreviado que ha dado a conocer a las acusaciones particulares (Greenpeace, Anse y Ecologistas en Acción) el Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia sobre la primera pieza del caso Topillo. Durante la investigación de la causa, el juez instructor ha dictado resoluciones de sobreseimiento para varios investigados, entre ellos directores generales de la Consejería de Agricultura o altos cargos de la CHS. «La sociedad necesita resultados, no puede ser que el problema se eternice sin que haya responsables. Hay muchos responsables políticos actuales que no están haciendo lo suficiente o incluso impidiendo la recuperación del Mar Menor», refleja Rubén Vives, de Ecologistas.
Por su parte, Pedro García, director de ANSE, señala que la causa judicial no ha contemplado la investigación a la superficie de regadío ilegal del Campo de Cartagena, pero entiende que el juez instructor ha seguido adelante contra los responsables políticos y empresas agrícolas contras las que había pruebas sólidas e irrefutables: «Probablemente es un acierto actuar en lo que se tiene seguridad; si finalmente se consiguen varias condenas sería una forma acertada de enfocar la investigación». Pese a esto, la investigación judicial ha impulsado, a juicio del responsable de ANSE, un «cambio sustancial» en el Mar Menor y la cuenca. «La CHS, tras las primeras pesquisas, comenzó a desmantelar las desalobradoras ilegales junto con el Seprona, e incluso la Comunidad empieza tímidamente a acompañar esa actuación después de trabas y dilaciones».
