La investigación llevada a cabo por el juez Ángel Garrote constata que el organismo dependiente de la Comunidad Autónoma que debía controlar el uso de los abonos nitrogenados en el Campo de Cartagena no contó con funciones ejecutivas, medios económicos, personales o materiales. El auto de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, imputa al exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad, Antonio Cerdá, la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada, y al ex comisario de Aguas de ese organismo Manuel Aldeguer un presunto delito de prevaricación ambiental por omitir los controles sobre el campo y las desaladoras ilegales.

Todo se apostó a una comisión de seguimiento encargada de vigilar los programas tendentes a controlar el uso de fertilizantes nitrogenados en la cuenca, una especie de grupo de trabajo que servía de puente entre la Consejería y la CHS. Esta comisión, según el juez, no consta en ella que advirtiera de que no se estaban llevando a cabo las inspecciones.

"Varios investigados han coincidido en señalar que no había un plan general en el uso de los fertilizantes más allá de los controles de campo que se vinieron realizando en el ámbito de las líneas de ayudas de la PAC de la UE, sujetas a la condicionalidad, o subvenciones agrarias, pues para acceder a ellas era preciso el cumplimiento de las buenas prácticas agrarias y medioambientales", se señala en el auto, en el que el titular de Instrucción saca la conclusión de que solo se estaban controlando aquellas explotaciones que habían recibido ayudas europeas y debían cumplir una serie de criterios ambientales.

Estas faltas de inspecciones el juez las achaca al exconsejero Cerdá, integrante en los sucesivos equipos de gobierno del expresidente Ramón Luis Valcárcel desde 1999. "Era él la máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo de las medidas establecidas en los programas de actuación, que pudo y debió concretar en esas normas".

Cerdá, remarca el juez, mantuvo una posición "aparentemente negacionista" con el problema de los nitratos agrícolas, ya que incluso su departamento llegó a cuestionar los resultados de las analíticas de la CHS en el Campo de Cartagena, en la zona delimitada como vulnerable a la contaminación por los abonos nitrogenados.

El acta de la única reunión de esa comisión que se creó recoge esta valoración en contra: "En relación a la zona declarada el Campo de Cartagena se plantea, que considerando la morfología del suelo en esa zona, se están cuestionando por la Consejería las cifras altas de concentración de nitratos obtenidas anteriormente, y que motivaron la declaración de esa zona como vulnerable". Se consideró, por tanto, que estas altas concentraciones se debían a otros "factores distintos a las causas agrarias": "Es de señalar, la dificultad de poder justificar la procedencia de la contaminación", refleja el acta.

El escrito judicial menciona, también, cómo la CHS intentó legalizar la extracción de agua del acuífero cuando ya se habían incoado expedientes sancionadores por estas infraestructuras que escondían las empresas señaladas. «La CHS tuvo conocimiento de la existencia de gran número de instalaciones de desalación ilegales y pese a ello permitió que continuaran funcionando obviando así su deber de inspección y, en su caso, de sancionar los actos de extracción de agua, desalación y vertidos de salmuera», señala el auto judicial.