A prácticamente nadie parece convencer la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que el ministro Manuel Castells trata de sacar adelante cambiando aspectos legislativos para contentar a unos y otros. Los rectores consideran que el texto del último borrador del anteproyecto «no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España» y se mete a reformar demasiado la autonomía de las universidades, mientras que los estudiantes claman por una mayor representatividad y más poder de decisión.
A esta posición desfavorable se ha sumado la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, que ha presentado alegaciones en contra al considerar que la LOSU «no da respuesta a los cambios que precisa la universidad española» y no se ha elaborado hasta el momento con el necesario consenso entre el Gobierno central, las comunidades y los distintos estamentos de las universidades.
La Consejería dirigida por Valle Miguélez se opone, en primer lugar, a «desvirtuar» la figura del rector si finalmente se elimina el requisito de ser catedrático para acceder a este puesto. El ministro no solo proponía que el rector pudiera ser cualquier «funcionario doctor» si tiene en su experiencia un mínimo de 18 años de investigación, 15 de docencia y cuatro años como gestor, sino también que el mandato sea de seis años «improrrogables y no renovables».
En los relativo al nombramiento de los miembros de los consejos sociales, órganos consultivos que representan a la sociedad dentro de la universidad, la Comunidad se opone a que la Asamblea regional asuma el mando en la elección de todos los integrantes, como señala la ley. Miguélez no quiere que se «politice más aún» estos órganos, una opinión que comparte la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
La universidad podría proponer al 50% de los miembros, pero tendrían que ser ratificados por los diputados. Para ello, Universidades prefiere que parte de los miembros sean designados por la Asamblea Regional y por el Consejo de Gobierno entre personas de prestigio, quedando excluidos aquellos que pertenezcan a «los órganos de dirección o representación de partidos políticos».
Igualmente, la Consejería propone que las universidades rindan cuentas ante la Asamblea Regional y que haya independencia en los órganos de inspección y control interno de estas instituciones, «adscribiéndolos a un Consejo Social más profesionalizado».
Infrafinanciadas
El anteproyecto de ley de Universidades establece que tanto el Gobierno central como autonómico deben acordar un plan que incremente el gasto público en educación para los próximos diez años para equiparar la financiación de las universidades a la media de la Unión Europea. En este punto, la Consejería pone reparos ya que no especifica el Ministerio la ayuda del Gobierno central a las comunidades para acometer ese incremento presupuestario, «lo cual es fundamental para las autonomías infrafinanciadas como la Región».
Debería, según se lee en las alegaciones, «cuantificarse la financiación necesaria para afrontar» esa subida del gasto «y detallarse las fuentes de financiación, para lo cual es necesario presentar una memoria económica que ahora mismo no tiene el anteproyecto de LOSU. Del mismo modo, debería consignarse un eje de financiación específico para abordar el tema de personal, como se ha indicado». Tampoco, protesta la Consejería, se contempla financiación para dos problemas a corto y medio plazo: el relevo generacional en la plantilla y la precariedad en el empleo.
La ley elimina la figura de profesor contratado doctor
La nueva ley de Universidades eliminaría la figura del profesor contratado doctor (a lo que se opone Murcia) y la posibilidad que se establece para que las universidades puedan contratar profesorado en régimen laboral indefinido, con niveles comparables a los del Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario. La Consejería sostiene que esto supondría crear una plantilla de PDI paralelo en las universidades «que no responde a las necesidades y que se presume que solo responde a los requerimientos de algunos centros».
