La primera resolución judicial que ha desestimado uno de los recursos que están presentando los propietarios de regadíos ilegales en el Mar Menor abre la puerta a que todas las reclamaciones vía tribunales que se realicen para intentar paralizar el desmantelamiento de estos terrenos caigan en saco roto.
La Consejería de Medio Ambiente de Murcia ha señalado tras conocer la noticia que por el momento once de los 50 propietarios a los que se les ha comunicado en firme que tienen que desmontar sus parcelas sin derecho a riego han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para evitar esta medida. En concreto, han presentado un recurso contencioso-administrativo, pero el TSJ señala en su primera resolución al respecto que prevalece la protección del Mar Menor frente al interés particular de mantener la explotación.
La Consejería tiene 169 expedientes de restitución en diferente estado de tramitación. De ellos, los primeros 50 expedientes de restitución ya han sido resueltos y comunicados a los particulares para proceder a la restitución. La extensión de estos 50 expedientes es de 934 hectáreas. A día de hoy, el Gobierno regional ha obligado a restituir ya 158,86 hectáreas que ya se encuentran en el estado anterior al uso del regadío ilegal (han vuelvo a secano o a estado natural). Se trata de las primeras hectáreas restituidas y corresponde a 10 expedientes de restitución.
Estos terrenos son fincas denunciadas por la Confederación Hidrográfica del Segura como regadíos ilegales detectados en el entorno del Mar Menor. El organismo de cuenca "es la competente para cortar el regadío ilegal y obligar a restituir, si bien la Ley del Mar Menor habilitó a la Comunidad a exigir también la restitución, a fin de agilizar el proceso", señalan fuentes de Medio Ambiente.
