La Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias niega que la resolución del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) obligue al Gobierno regional a hacer pública la lista de altos cargos que se vacunaron en enero de este año saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad, como entienden desde el PSOE.
"No es cierto", aseguran. "Lo que ha ordenado es la retroacción de las actuaciones para dar traslado, trámite de audiencia, a los afectados; esto es, que los altos cargos puedan manifestar si autorizan o no su publicación, o puedan manifestar lo que estimen oportuno". Desde el departamento de Antonio Sánchez Lorente explican que "se trata de datos de carácter personal sometidos a una especial protección, y requiere seguir un procedimiento muy garantista".
Concretamente, señalan que la resolución dice: "Que se retrotraigan las actuaciones respecto de la información solicitada de la vacunación de consejeros y altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, concediendo a estas personas el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, cumplido el cual la Consejería de Salud deberá resolver".
Además, avisan de que esta resolución "no es firme y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo". En este sentido, desde la Consejería han querido manifestar su "más absoluto respeto al CTRM" y su "acatamiento de sus resoluciones, en sus justos términos, en cuanto sean firmes".
Sánchez Lorente, por su parte, ha manifestado que "se está siguiendo un procedimiento garantista, conforme a ley, y que si algún político está diciendo que el CTRM ha ordenado la publicación de los datos de los altos cargos vacunados, o no se ha leído la resolución o está mintiendo", en clara referencia al diputado socialista Francisco Lucas.
"Capital del oscurantismo"
Por su parte, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha recordado que su formación ha solicitado en reiteradas ocasiones acceder a esta información, sin obtener respuesta por parte del ejecutivo autonómico. Estas peticiones fueron registradas el 25 de enero y el 23 de febrero. Pese a que el plazo legal establecido por el propio reglamento de la Asamblea es de 15 días, desde Podemos denuncian que diez meses después "una Asamblea Regional, controlada por el Partido Popular y los tránsfugas que mantienen a López Miras en el poder, no ha movido un dedo", motivo por el cual "ha tenido que ser el Consejo de Transparencia quien le saque los colores a López Miras, exigiéndole que publique por fin la lista VIP de vacunados".
Para Marín, el presidente regional "ha convertido a la Región de Murcia en la capital del oscurantismo y la opacidad". La diputada se ha preguntado "qué oculta y a quién protege" el Gobierno de López Miras para "seguir escondiendo los nombres de personas que utilizaron su cargo para poner su salud personal y la de familiares y conocidos por delante de la de otras mucho más sensibles a la enfermedad".
