Sí al trasvase Tajo-Segura. Sí, pero sin citarlo ni aclarar cómo va a afrontar el Gobierno el impacto económico que tendrá para los agricultores de la provincia el coste del agua desalada en Torrevieja, que Acuamed cobra ya a 0,81 euros/m3 y puede superar con creces el euro a partir de 2022. La vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del Ministerio para la Transición Ecológica, desaprovechó ayer una nueva oportunidad de oro para acercarse a los regantes del Levante y aclararles cuál es el futuro que les espera con un trasvase que enviará cada año menos agua a Murcia y Alicante debido a la reducción de hasta un 40% del «agua fresca» (textual) en el Mediterráneo (recursos hídricos propios), por los efectos del cambio climático.
Palabras de la ministra Ribera, que aseguró que su compromiso es solucionar el problema para el medio y sobre todo largo plazo, pero desde una perspectiva global y en un escenario marcado por la disminución de los recursos hídricos. La vicepresidenta subrayó que mantiene un contacto permanente que los regantes y puso como ejemplo la negociación de la tarifas del agua del Tajo-Segura, cada vez más escasa y que deberá ser sustituida por agua desalada, de la que ayer no tocaba hablar. Dos veces trasladó este periódico la pregunta sendas mesas en las que participó Teresa Ribera y el director general del Agua, Teodoro Estrela, y en ninguna de las dos hubo respuesta.
Alicante acogió este lunes una jornada en la que se analizó el futuro del agua y, en concreto, en el Mediterráneo, la «zona cero» del cambio climático como recordó el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que pidió que la gestión de agua sirva para vertebrar pueblos. Palabras precedidas por la intervención de la vicepresidenta Teresa Ribera que insistió en su mensaje, sin citar para nada la palabra desalación, de que en 2050 la disponibilidad de agua «fresca» se habrá reducido en el Mediterráneo un 40% y apeló a trabajar en optimizar al máximo los recursos.
«Nos vamos a tener que manejar en escenarios extremos», insistió Ribera, que explicó que existe una «gran diferencia con ejercicios de planificación pasados», porque, según afirmó, en estos momentos «hay que estar preparados para escenarios de inundaciones o de sequía máxima», apuntó la vicepresidenta. Ribera señaló que hasta el 75% de España podría estar en riesgo de desertificación, así como que 27 millones de españoles podrían vivir con escasez de agua en 2050, por lo que «si no se toman medidas, las sequías afectarán a un 70% más del territorio».
Para la vicepresidenta, la «gran apuesta hídrica» del Gobierno debe ser «garantizar la buena interconexión entre todos los volúmenes en cada una de las cuencas» españolas, para conseguir que todas estén «perfectamente interconectadas», algo que «hoy por hoy no existe», y que se ha convertido «en un desafío para las confederaciones del sureste, como el Júcar y el Segura».
Ribera explicó que el Ministerio trabaja, además, «para que la capacidad de reutilización, de desalación o de aportes de agua a través de trasvases o de los propios ríos» consigan una interconexión para lograr «que no haya un rincón sometido con estrés hídrico».
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, que también asistió al acto, remarcó que una parte del sector agrario que depende del agua del Trasvase Tajo-Segura no va a poder hacer frente a la compra de los metros cúbicos de agua desalada de la desalinizadora de Alicante. Los convenios, rechazados por el Sindicato Central de Regantes por contener condiciones «imposibles de asumir», plantean el pago de 80 céntimos por metro cúbico, pero toda la operación de transporte del agua y llegada a los terrenos más los gastos de energía de la desaladora podrían disparar ese precio hasta el euro y medio. El presidente de la Confederación ha planteado «medidas de transición» para que el agua que se está negociando no salga tan cara.
El Scrats reúne al sector
Las organizaciones agrarias y patronales del campo en la Región se reunieron ayer con el Sindicato Central de Regantes para conocer la última hora de las negociaciones en la compra de agua desalada, un futuro incierto para los regantes. Los representantes mostraron su apoyo al Scrats en cuanto a no firmar dichos convenios hasta que se asegure que se subvencionará el agua y el precio de esta baje a los 30 céntimos por metro cúbico.
