Los extranjeros procedentes de países que no forman parte de la Unión Europea ya no necesitan la autorización del Ministerio de Defensa para poder comprarse una casa en la Región. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, José Ramón Blázquez, explicó a La Opinión que este requisito ha supuesto hasta ahora un freno para la compra de viviendas por parte de los residentes de los países extracomunitarios, pero sería un verdadero inconveniente a partir del Brexit, dado que los compradores británicos también se habrían visto obligados a tener la autorización de las autoridades militares para poder invertir en la Región al haber dejado de ser ciudadanos de la Unión.
Blázquez señaló que, de no haberse eliminado, los británicos tendrían que esperar entre seis y ocho meses a que Defensa les concediera el permiso que se establecía en una antigua ley franquista de 1975, que se ha mantenido hasta 2018.
Aunque la orden firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deroga la normativa franquista fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2018, no se había materializado hasta el pasado mes de julio, a través de una orden de la dirección general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.
En esta orden, que entre otras instituciones se hizo llegar al Consejo General del Notariado, Defensa explica que toma esta decisión no solo para agilizar los procedimientos militares, que se encuentran saturados de expedientes, sino también para «no poner trabas a la revitalización de la actividad económica después de la pandemia».
Además del coronavirus, el Ministerio aduce a la entrada en vigor del Brexit. Derogar esta vieja ley adquiere más relevancia una vez que se ha consumado el divorcio entre Londres y la Unión Europea, dado que los británicos han sido hasta ahora los primeros compradores extranjeros de las viviendas que se construyen en la Región.
En los últimos años las compras de los británicos han bajado del 53,74% del total de viviendas adquiridas por extranjeros en la Región en 2016 al 32,7% en 2020, mientras que han ganado peso los compradores marroquíes y los belgas.
La ley derogada había sido establecida en 1975 como una medida de prevención en torno a la base militar de Tentegorra, en Cartagena, que ha sido considerada un acuartelamiento estratégico para la defensa nacional.
La base de Tentegorra se encuentra a las afueras de la ciudad, aunque la normativa legal que ahora se ha revisado para eliminar la autorización de Defensa establecía una ‘zona de seguridad’ que abarcaba toda la costa de la Región y se extendía a la provincia de Alicante.
Así, la orden también libera de la obligación de solicitar el permiso de Defensa para la compra de casas a los extranjeros que se instalen en las poblaciones de Alicante situadas entre el límite de la Región y Torrevieja, que se encontraban igualmente dentro del territorio incluido en las ‘zonas e instalaciones de Interés para la defensa nacional’.
La Región y la costa sur de Alicante quedaban dentro de la zona de seguridad establecida en torno a Tentegorra
La dirección general de Infraestructuras del Ministerio añade para explicar la nueva orden que permite la compra de vivienda a extranjeros sin permiso de Defensa que la antigua norma no responde «a la dinámica de permanente cambio de la nueva sociedad» y recuerda que la expansión del negocio inmobiliario tiene un «beneficioso impacto para la economía española y en el desarrollo de las ciudades y los pueblos del país».
Su eliminación ha sido una de las reivindicaciones de los promotores de viviendas de la Región en la última década, al considerar que la existencia de este trámite ahuyentaba a los posibles compradores de países como Rusia o China. Los inversores se cansaban de esperar durante meses y optaban por comprar en otras poblaciones en las que no tenían que depender de la autorización de Defensa.
En la orden se indica que en aquellos municipios afectados por la norma en los que el suelo haya sido aprobado en un plan parcial o esté calificado como suelo urbano ya no será necesario realizar la solicitud de permiso militar. Solo en aquellas viviendas que estén en suelo no urbanizable será necesario que los compradores pidan este permiso.
El objetivo era preservar el acuartelamiento de Tentegorra
La base de Tentegorra ha sido un enclave militar de especial relevancia para la defensa nacional durante décadas hasta el punto de regulación urbanística de la Región. El objetivo de la norma legal que ha suprimido el Ministerio de Defensa era «preservar las instalaciones militares de cualquier obra o actividad que pudiera afectar» a Tentegorra. Y dentro de estas medidas de protección se incluía también el control sobre los residentes extranjeros procedentes de países que no formaban parte de la órbita occidental, a los que se les obligaba a solicitar una autorización para poder comprar una vivienda.
Ahora el Ministerio de Defensa ha considerado que «el tiempo transcurrido, así como los cambios en la instalación militar y en las unidades en ella ubicadas, han variado la índole de la misma, lo que hace aconsejable suprimir la zona de seguridad vigente y señalar una nueva zona de seguridad para la citada instalación militar».
Así se recoge en la resolución firmada por la ministra, Margarita Robles, que deroga la orden de septiembre de 1980, en la que desarrolla una ley anterior de 1975.
Tentegorra adquirió mayor relevancia con la llegada de fuerzas norteamericanas, que permanecieron en Cartagena desde finales de los años 50 del pasado siglo hasta 1991. Su función era apoyar el abastecimiento de los buques de la VI Flota que navegaban por el Mediterráneo, sirviendo de apoyo al resto de las bases navales utilizadas por EE UU en España. En el puerto de Cartagena se aprovisionaban de combustible, municiones, comida y agua.
Por eso, la presencia militar en Tentegorra también tuvo mucho peso en la historia de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que surgió como una iniciativa de Cartagena, aunque sería imposible entender la historia de la Región de no haberse materializado aquel proyecto, que ya aparecía en las crónicas de la prensa local de 1912, según cuenta Antonio Nieto Llovet. La base militar era una de las instalaciones a las que se pretendía llevar el agua del Taibilla.
