La Confederación Hidrográfica del Segura ha cortado el agua a las primeras 230 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena tras una operación llevada a cabo por técnicos del organismo de cuenca el pasado viernes. De los 50 avisos que la CHS hizo llegar a los propietarios de parcelas agrícolas sin derecho a riego, varios de estos agricultores se han puesto en contacto con la institución dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de proceder al precintado de las bocas de riego y agilizar así los trámites ante un final que no es más que la restitución de los terrenos a su estado original. Mario Urrea, presidente de la CHS, ha señalado además este lunes, durante la visita de la ministra Teresa Ribera a Alicante para participar en un foro sobre la gestión del agua, que la Confederación sumará siete inspectores más para reforzar la vigilancia y control de las medidas implantadas para el Mar Menor y el acuífero contaminado por nitratos, así como agilizar los expedientes abiertos a los terrenos sin derecho a riego.

La actuación ha supuesto la desconexión de varias parcelas con la realización de cinco precintos, lo que ha supuesto intervenir sobre un total de 232 hectáreas. Por otro lado, "el conjunto de las desconexiones realizadas hasta el momento en el procedimiento ordinario se corresponden con 19 expedientes por un total de 407 hectáreas, habiéndose producido el cumplimiento del cese del uso privativo ordenado en la resolución sancionadora y levantándose acta", señalan fuentes de la CHS.

Esta línea de trabajo es la defendida por la ministra Teresa Ribera en su última visita a Murcia, donde comentó que para marzo de 2022 la CHS tiene previsto cortar y precintar las infraestructuras de riego en las 8.400 hectáreas ilegales del Campo de Cartagena. Una operación complicada que viene acompañada de un refuerzo de personal que prometió la ministra. La tramitación comenzó con los primeros 50 avisos a los agricultores. Primero deben haberse iniciado todos los expedientes de sanción (todavía quedan por comenzar para poco menos de mil hectáreas) y tras un proceso burocrático se debe abrir otro expediente de ejecución forzosa por la que la CHS debe sellar los pozos o tomas de agua, mediante precintos, una obra que debe o pagar el organismo de cuenca o el denunciado.

Otra tubería precintada en una parcela con regadío ilegal CHS

El Gobierno regional es quien tiene las competencias para la restitución de los terrenos denunciados a su estado original, una tramitación también lenta ya que muchos agricultores han recurrido ante los tribunales alegando que tienen derecho a riego. Por el momento, se han restituido más de 150 hectáreas en la cuenca. La petición para cortar el agua en esas 230 hectáreas en la comarca vino motivada por el propio dueño de los terrenos, según ha remarcado Urrea, ya que consideraba que la situación era "insostenible".

Convenios con Acuamed

Urrea también se ha referido durante el acto en Alicante a los convenios por la compra de agua desalada de la planta de Torrevieja que Acuamed plantea a los regantes del Levante. El presidente de la CHS remarca que una parte del sector agrario que depende del agua del Trasvase Tajo-Segura no va a poder hacer frente a la compra de los metros cúbicos de agua desalada de la desalinizadora de Alicante. Los convenios, rechazados por el Sindicato Central de Regantes por contener condiciones "imposibles de asumir", plantean el pago de 80 céntimos por metro cúbico, pero toda la operación de transporte del agua y llegada a los terrenos más los gastos de energía de la desaladora podrían disparar ese precio hasta el euro y medio. El presidente de la Confederación ha planteado "medidas de transición" para que el agua que se está negociando no salga tan cara.