“El perecimiento de las aves es sólo la punta del iceberg de una auténtica bomba de relojería contra el medio ambiente”. Esta contundente advertencia del fiscal al Juzgado de Instrucción nº 5 de Cartagena ha llevado al juez a ampliar seis meses la causa que investiga la muerte de aves protegidas en las balsas de residuos peligrosos de Española del Zinc (Zinsa) en Cartagena. En virtud también de la última investigación por parte de la Guardia Civil, el juez ha decidido citar a declarar, en calidad de investigada, a la mercantil Cartagena Parque, propiedad del conocido promotor Tomás Olivo.
En el escrito remitido por el fiscal al juez se indica, que una vez examinado el ultimo informe del Seprona, se concluye que "los hechos que pone de manifiesto el informe de la Guardia Civil alcanzan una dimensión muy superior al inicial riesgo para determinadas aves, sino que dicho riesgo existe también, y de forma especialmente grave, para la salud de las personas". Explica el fiscal que esta amenaza no solo se debe a la cantidad de metales pesados que hay en las balsas analizadas (cobre, zinc, arsénico, cromo, cadmio, o níquel), que multiplican "por varios millones" el límite máximo permitido para que no exista riesgo para la salud "sino que a eso hay que añadir la ubicación de los terrenos donde se encuentran las mismas, en zonas muy próximas a núcleos de población".
Requerimientos a la Comunidad y a la CHS
Por ello, el Juzgado, además de solicitar al Seprona y a la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales todos los informes por la muerte de aves en los últimos cinco años, dirigirá un oficio a la Dirección General de Medio Ambiente para que, a la mayor brevedad, informe del estado de las balsas en cuanto a su impermeabilidad y al estado de sus motas de contención.
Además, solicitará al Seprona muestreos de las escorrentías que afloran bajo el puente de la autovía A-30 que da acceso a la avenida Alfonso XIII, junto al Tanatorio Estavesa, y aquellos flujos que desde la zona cero de las instalaciones de Zinsa desembocan en la rambla del Hondón cuando llueve. El juez también pedirá a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) un informe de los residuos existentes en la desembocadura de esta rambla en la dársena del Puerto de Cartagena. Además, se ha requerido a la CHS que le haga llegar todos los expedientes sancionadores incoados por el estado de las balsas de Zinsa.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, por petición judicial, deberá aportar de manera inmediata el proyecto de ejecución subsidiaria que se pretende realizar en la zona contaminada. También exigirá una relación de las personas responsables del cese de actividad del vertedero de residuos peligrosos.
Según el auto del juez, dado el importante y diverso número de diligencias que se han acordado, resulta altamente probable que pudieran resultar necesarias otras diligencias para el correcto esclarecimiento de los hechos. Por ello, se ha acordado la prórroga de la instrucción por un tiempo de 6 meses.
