Cero presos preventivos por delitos contra la seguridad vial en 2020 en la comunidad murciana. Los jueces de la Región no dictaron la cautelar más severa que existe, la de la privación de libertad, para ninguno de los acusados que, durante el año pasado, pasaron por los Juzgados de Guardia.
Pablo Lanzarote, fiscal delegado de Seguridad Vial de Murcia, aporta este dato en un informe que se incluye en la Memoria 2021 de la Fiscalía Superior, en el cual también detalla que sí pisaron la cárcel algunos responsables de delitos en carretera. Pero porque no abonaron la sanción económica que se les impuso.
Los asuntos se suelen resolver en un juicio rápido, donde al conductor se le retira el carné y se le sanciona
En concreto, «según informan los centros penitenciarios ubicados en la Región de Murcia, 28 personas han cumplido durante el año 2020 penas de prisión o de responsabilidad personal subsidiaria por impago de pena de multa impuestas por delitos viales. Y 914 personas cumplieron penas de trabajos en beneficio de la comunidad impuestas por estos delitos», precisa el documento.
Los delitos contra la seguridad vial, especialmente aquellos en los que no hay víctimas, se suelen resolver de forma muy rápida, «por el cauce de las diligencias urgentes, al ser el propio Juzgado de Guardia el que efectúa los requerimientos preceptivos para el pago de la pena de multa y el cumplimiento con las advertencias legales de la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores, quedando unido a la causa en el mismo día el permiso o licencia de conducir», comenta el Ministerio Público.
En cuanto a las muertes en carretera, en 2020 fueron incoados por delitos de homicidio imprudente 35 diligencias previas y nueve procedimientos abreviados, habiendo sido presentados cinco escritos de acusación y dictándose nueve sentencias. Por delitos de lesiones por imprudencia consta la incoación de 16 procedimientos abreviados, habiendo sido calificados 22 y siendo dictadas 35 sentencias.
Algunos conductores piden que se les haga un análisis de sangre para demostrar que iban sobrios al volante
Fueron 29 los atestados instruidos por muerte en tráfico que fueron remitidos al fiscal por la Guardia Civil de Tráfico de la Región y la Policía Local de Murcia.
Lo que más se vio en los juzgados: borrachos al volante (1.609) y sin permiso de conducir (1.087).
En diciembre de 2020, el conductor del autobús que en noviembre de 2014 causó la muerte de 14 personas y heridas a otras 41 al volcar por imprudencia a la altura de la Venta del Olivo, en Cieza, admitía su culpa y aceptaba cumplir una pena de dos años de cárcel, aunque sin entrar al penal.
La sentencia condenaba al acusado, N.V.G., por catorce delitos de homicidio por imprudencia grave y 41 delitos de lesiones también imprudentes, aplicándole a la hora de fijar la condena la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La pena de prisión quedó en suspensión a condición de que en los dos próximos años no vuelva a cometer delito alguno.
El mortal accidente se produjo en la noche del 8 de noviembre de 2014, cuando más de medio centenar de vecinos de Bullas regresaba a casa después de haber asistido en Madrid a un acto religioso en memoria de la Madre Maravillas.
Problemas con las pruebas de contraste
Explica el fiscal de Seguridad Vial que tanto algunas Policías Locales como Tráfico habían reportado «las dificultades que en ocasiones existen para la práctica de las extracciones sanguíneas y su posterior análisis toxicológico en los supuestos en que resulta necesario, bien como prueba de contraste en los casos de resultados positivos en los controles de alcoholemia y drogas a conductores, bien para el análisis de las muestras obtenidas con finalidad terapéutica al conductor que es trasladado al centro sanitario tras un siniestro vial y a quien no se le pueden realizar las pruebas de espiración con el etilómetro o las salivales con el drogotest».
Precisa que las dificultades «van referidas a la negativa en algunos casos del personal sanitario a la práctica de la extracción sanguínea o a la conservación y custodia de la muestra obtenida para su posterior remisión al laboratorio, alegando la falta de instrucciones protocolizadas de las autoridades sanitarias o de los medios necesarios para ello».
La Fiscalía ya preguntó a la Consejería de Salud si había o no un protocolo para la práctica de las extracciones sanguíneas y su posterior análisis en estos casos de delitos en carretera. Salud contestó que no lo hay aún, pero remitió un borrador «como punto de arranque para la elaboración de uno definitivo con la participación de todas las instituciones y organismos relacionados con la materia». Pero llegó la pandemia de coronavirus y el proyecto, como todo, se paralizó. Hasta hoy.
