El nuevo mapa de zonas de flujo preferente o intenso desagüe de la Confederación Hidrográfica del Segura ha puesto en alerta a algunos ayuntamientos de la Región de Murcia ante el temor de que se pueda llegar a paralizar un gran número de proyectos urbanísticos municipales o construcciones de particulares. La «incertidumbre» es máxima y se hizo notar ayer en una reunión que mantuvo la Federación de Municipios de la Región de Murcia con los concejales o responsables de las áreas de urbanismo de los ayuntamientos más afectados.
La CHS publicó a principios de este año un mapa de zonas de flujo preferente en la demarcación del Segura, y a diferencia de las zonas inundables este mapeo señala aquellos terrenos donde el agua puede adquirir una cierta velocidad (al menos un metro por segundo) en zonas urbanas o rurales y que puede conllevar daños a bienes materiales o a personas. Por contra, en un terreno inundable la masa de agua no tiene movimiento.
Este mapa ha sido tachado de «despropósito» por algunos ayuntamientos, ya que paralizaría futuros desarrollos urbanísticos en las localidades que se ven más afectadas o impediría la construcción de viviendas u otras edificaciones a nivel particular. Cualquier obstáculo en estas zonas incrementa la altura del agua durante las riadas.
Los municipios de Murcia y Cartagena serían los más damnificados, seguidos de otros territorios como Lorca, Beniel o los municipios ribereños del río Segura en la Vega Alta y Media. En el caso de Murcia, tal y como adelantó LA OPINIÓN, este mapa de flujos preferentes podría afectar al 60% de los proyectos urbanísticos ya que una gran parte del tramo urbano de la ciudad de Murcia y varias pedanías están dentro de este nuevo dibujo hidrográfico.
De aprobarse este mapa, incluido en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación hasta 2027, sin que la CHS tuviera en cuenta las alegaciones de los ayuntamientos, los proyectos urbanísticos tendrían que tener el visto bueno de la Confederación (a los que el organismo se podría negar), y no se podrían construir instalaciones como nuevos centros escolares, sanitarios, residencias, es decir, cualquier establecimiento donde puedan darse grandes aglomeraciones de la población.
Reclamaciones millonarias
El problema parte de que en la transposición a la legislación española de la directiva europea de 2007 sobre la gestión de zonas inundables, no fue hasta 2016 cuando se estableció un régimen jurídico mediante decreto con importantes limitaciones para las zonas donde haya escorrentías. Desde que se aprobó dicho decreto hasta la publicación de la nueva cartografía de la CHS en la cuenca del Segura este año, se ha creado una «inseguridad jurídica sobre las consecuencias de esas limitaciones en los planeamientos urbanísticos aprobados o pendientes de aprobar (planes generales de ordenación urbana, planes parciales...)», señala Manuel Pato, secretario general de la Federación de Municipios en Murcia.
Desde entonces y hasta hoy en día se ha construido en terrenos que la CHS quiere catalogar ahora como zonas de flujo preferente sin que se cuente con las medidas para minimizar los efectos de la velocidad del agua en un tramo urbano. Por otro lado, los propietarios de terrenos o solares han adquirido derechos de construcción mediante licencias urbanísticas para edificaciones, un hecho que ahora se puede poner en cuestión y dar lugar a numerosas reclamaciones de estos propietarios a los ayuntamientos que concedieron los permisos si la Confederación echa para atrás sus proyectos. Esas reclamaciones podrían traducirse en indemnizaciones millonarias en algunos casos.
Una de las opciones que se barajan para solucionar un problema que pondría en serias dificultades a los municipios es impulsar medidas correctoras. Con ello los ayuntamientos piden a la Confederación que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias para reducir o eliminar esos flujos de agua. También demandan elaborar un nuevo mapa más detallado y técnico que el presentado en febrero de este año.
Perfil beligerante
En la reunión, los ayuntamientos han adoptado un perfil beligerante contra el criterio de la CHS, sobre todo Murcia y Cartagena. En su mayoría, los consistorios remarcaron ayer y durante todo el proceso de alegaciones al nuevo mapa en los últimos meses que la Confederación no ha contado con la participación de estos.
Algunos como Cartagena, que estuvo representada en la reunión por la vicealcaldesa y responsable del área de Urbanismo, Ana Belén Castejón, protestan porque la CHS «ha cambiado las reglas del juego» comprometiendo el crecimiento urbano de la ciudad o de diputaciones como la Palma, El Albujón o La Azohía, localidades que se ven marcadas en el mapa por completo. Cartagena no tiene en cartera planes parciales aprobados que impliquen poner en peligro el desarrollo de grandes espacios urbanos, pero sí la promoción de viviendas en grandes arterias de la ciudad. Esto se debería a las riadas que se crearían por la bajada de agua en la rambla de Benipila, así como por las ramblas mineras o la del Albujón.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena señalan que no creen que finalmente se apruebe el borrador del mapa del organismo de cuenca tal y como está planteado ahora mismo: «Imperará el sentido común». De todas formas, el Consistorio ha encargado un estudio a la Universidad Politécnica de Cartagena para elaborar un mapa detallado de las zonas inundables y de flujo preferente en el municipio. Las mismas fuentes remarcan que los ayuntamientos podrían esquivar esas reclamaciones de los propietarios con licencias pero con terrenos incluidos ahora en zonas de riadas si estas se dieran a la Confederación. Esto es, si las intenciones de la CHS cambian los planteamientos urbanísticos aprobados, sería el organismo estatal el que incurriera en responsabilidades patrimoniales.
En Lorca este mapa afecta sobre todo a suelo urbanizable de huerta, ya que pedanías como La Torrecilla o parte de Campillo están dentro del límite marcado por la CHS. El concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz, señala que a la hora de hacer el nuevo mapa los técnicos «han sido muy conservadores» y genera «incertidumbre». En las extensiones más afectadas por el flujo que se pueda dar en riadas por las ramblas de Béjar, Alta o Torrecilla no hay previsión de nuevos desarrollos urbanísticos y sí afectaría más a proyectos de particulares, destaca el concejal, quien recuerda que la construcción de la presa de Béjar «minimizará al máximo la zona de flujo preferente».
En Beniel, otros de los municipios más afectados, su alcaldesa Mari Carmen Morales señala que con la planificación de la CHS se haría «muy complicado» el desarrollo urbanístico de la localidad. El 60% del municipio se encuentra en zona inundable, «si a esto se le suma los condicionantes que plantea el mapa de flujo preferente, Beniel estaría en una situación muy difícil».
A consultas de este periódico, la CHS no se ha pronunciado finalmente.
