Un cambio de criterio de la Inspección de Trabajo puede abocar a la quiebra a la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm). Los inspectores consideran que los profesores de los cursos de formación y de los talleres que imparte la organización deberían estar dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, mientras que la patronal sostiene que ha venido contratándolos como autónomos durante más de 30 años porque así estaba contemplado en la ley que regula la Formación para el Empleo.
La inspección, que se produjo en el mes de mayo, "ha hecho saltar las alarmas" en la organización empresarial, según informa en un comunicado, dado que Trabajo puede reclamar la regularización con la Seguridad Social de todos los profesores que han pasado por el centro de la patronal en los últimos cuatro años, lo que podría dar lugar a su desaparición.
La Fremm sostiene que el cambio de criterio de la Inspección sobre la adscripción del profesorado pone en peligro el mantenimiento de los cursos de formación impartidos cada año a más de 5.000 trabajadores y desempleados de la Región, entre los cuales hay 1.000 jóvenes en paro adscritos al programa de Garantía Juvenil. Recuerda que la mayor parte de los alumnos que pasan por sus aulas y talleres consigue encontrar empleo en las empresas antes de acabar su formación, al tiempo que permite a las compañías del sector disponer de los trabajadores cualificados que necesitan en sus centros de trabajo.
La formación que ofrece la Fremm cuenta además con un gran reconocimiento en España y en Europa. Sus instalaciones situadas junto a la Ronda Oeste disponen de aulas, talleres y laboratorios punteros, que incorporan las tecnologías más avanzadas en áreas como la robótica.
La patronal defiende que la fórmula utilizada hasta ahora para la incorporación del profesorado como trabajadores autónomos permitía contar con "los profesionales más preparados en cada especialidad" y, en consecuencia, "ofrecer una mayor calidad en la formación para el empleo".
Indica en su comunicado que "con el nuevo planteamiento hecho por la Inspección de Trabajo, la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena, cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, siendo conocedor el propio cuerpo de Inspección y habiéndose considerado que era la adecuada".
Defiende igualmente que en las tres décadas que lleva impartiendo formación ha aplicado "la ley vigente, en la que todas las fases del proceso formativo están sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones, que viene superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles".
Por su parte, la Inspección aduce que la organización empresarial es la que pone los medios necesarios para impartir la formación, por lo que debe contratar a sus profesores como trabajadores por cuenta ajena. Ante esta argumentación, la patronal responde que no sería posible ofrecer los cursos sin disponer de los talleres, debido a la tecnología que es utilizada en las aulas y en los talleres.
Precisa que los controles a los que está sometida la gestión de los cursos incluyen "inspecciones del Fondo Social Europeo, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos que aportan subvenciones".
La patronal del Metal advierte de que la interpretación de la Ley que regula la Formación para el Empleo por parte de la Inspección de Trabajo "abocaría al cierre a unas 13.400 instituciones acreditadas en toda España que imparten Formación Profesional, 825 de ellas en la Región. Esto supondría que se quedarían sin formación cinco millones de personas, entre desempleados y trabajadores en activo, provocando un auténtico caos en la formación nacional y en la empleabilidad de trabajadores en paro".
Ante el nuevo criterio manifestado desde la Inspección, señala que "se abre la puerta a que, desde cualquier provincia española, se pueda proceder a la revisión directa de la gestión de sus centros educativos en los últimos cuatro años y ser denunciados con el precedente creado".
Las universidades, entre los centros afectados
Ante las discrepancias legales que plantea la interpretación de Trabajo, la Fremm alerta de que también se verían afectadas "las patronales, los sindicatos, las universidades y otras instituciones dedicada a la formación de los trabajadores".
En la lista estarían también "los centros de formación profesional y academias de preparación a oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases, afectando igualmente a las clases particulares en domicilios, preparadores de oposiciones, jornadas técnicas y charlas, entre otros ámbitos".
La Fremm calcula que en toda España se quedarían sin los cursos de formación "cinco millones de desempleados y trabajadores en activo. "Sólo contando el número de estudiantes universitarios perjudicados, el volumen de afectados se dispararía", asegura.
En el caso de las universidades, precisa que también los profesores de los másteres están contratados en su mayor parte como autónomos. "También resultarán damnificadas miles de pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos, en plena fase de transformación digital global que requieren de una capacitación específica en habilidades digitales.
La Fremm ha contacto con otras organizaciones empresariales para pedir al Gobierno de España una solución urgente que permita una seguridad jurídica evitando así discrecionalidad a la hora de aplicarla".
Entre las organizaciones que también discrepan del criterio seguido por la Inspección figura la patronal nacional Confemetal.
Mientras se resuelve la controversia legal, reclaman "la paralización de expedientes en curso".
Ante la inminente llegada de los fondos europeos Next Generation, la patronal del Metal destaca que "la formación es uno de los pilares fundamentales, por lo que la inseguridad jurídica actual y la probabilidad de denuncias y cierres de centros educativos suponen una amenaza de extrema gravedad para la recuperación de la economía de la Región de Murcia y la nacional, poniéndose en peligro miles de puestos de trabajo".
