La construcción del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel en Cartagena llegó a costar más de un 200% de lo previsto, el Palacio de Deportes de esta ciudad portuaria, un 24% más. Hace unos días, el Ayuntamiento de Torre Pacheco renunció a terminar el Museo Paleontológico por un sobrecoste de 16 millones en 12 años, y en Murcia, las obras de una sala multiusos en Era Alta están paralizadas desde hace 19 meses por graves omisiones en las mediciones del proyecto. Son solo algunos ejemplos de los problemas y costes extra que puede acarrear una baja inversión en la parte técnica y de diseño en las adjudicaciones de obra pública.

Tal y como advierte el presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), Pablo Bueno, «el sector lleva muchos años alertando a las administraciones de las malas consecuencias de contratar la ingeniería fundamentalmente por precio». Aunque esta asociación entiende que la ley es «absolutamente explícita» en que los criterios técnicos deben tener más peso que el precio a la hora de adjudicar los servicios de ingeniería y arquitectura, muchas grandes empresas, como AENA, y muchas administraciones de carácter regional y municipal, se resisten a tomar esa determinación y todavía mantienen adjudicaciones por precio en los pliegos.

Bueno reconoce que en los últimos años se han logrado avances. «Hemos logrado transmitir a nuestras administraciones que los teóricos ahorros en los servicios de ingeniería y arquitectura, que se consiguen con pliegos que obligan a las ingenierías a ofertar precios que imposibilitan un trabajo de excelencia, terminan multiplicados por 10 o por 100 a través de las incidencias que posteriormente provocan», explica el presidente de Tecniberia.

En EEUU y Alemania está prohibido adjudicar los servicios de ingeniería por precio para evitar problemas

Por su parte, el decano del Colegio de Caminos en la Región, Manuel Jódar, señala que «hasta hace muy poco la parte de diseño, que fundamentalmente es personal, ingenieros, se contrataba a subasta, al más barato, y ahí hay un gran problema en el sector». Sostiene que cuando se contrata a un médico o un abogado, «no se contrata al más barato, sino al mejor, el que tenga más experiencia, como mínimo se busca un equilibrio entre las capacidades y los honorarios».

En este sentido, el Colegio de Caminos mantiene una lucha para acabar con esa tendencia de contratar a precio en muchas administración públicas Hace unos años, explica Jódar, hubo una directiva que se pasó a la Ley de Contratación mediante la cual el peso del precio en la ponderación de un proceso de contratación debería ser menos de un 50 por ciento, «pero siguen existiendo muchas licitaciones con una excesiva ponderación del precio».

Según Jódar, el ahorro que se produce en la parte de diseño es a costa de las horas de estudio y trabajo en las obras, y todo se traduce después en sobrecostes y en retrasos con los plazos previstos. El decano asegura que está calculado que el ahorro de un 1 por ciento en los proyectos conlleva después un 10 o un 20 por ciento de sobrecostes; «hay muchos ejemplos en la Región», asegura. Para cambiar esta tendencia, Jódar cree que hay que concienciar a la administración pública de que tiene que hacer «buenos proyectos y estudios y que hay que dedicarle recursos a estudiar las obras antes de hacerlas; ¿qué pasa cuando hay poco tiempo a estudiar los problemas? Pues que cuando ya está terminada nos damos cuenta de hay una serie de cosas del terreno, del agua o de servicios que no estaban previstos». Jódar también recuerda que en EEUU está prohibido por ley que intervenga la variable del precio para adjudicar un proyecto en la parte de ingeniería y arquitectura. «Se tiene que elegir entre las empresas por experiencia, por calidad, pero en ningún caso el precio, porque se dieron cuenta las compañías de seguros que los que tenían los proyectos más económicos y baratos eran los que tenías más problemas y sobrecostes», detalla Jódar, que también pone de ejemplo a Alemania. Esa es la solución para el decano, prohibir el elemento económico a la hora de adjudicar una obra a una empresa. «Es un problema a nivel nacional, que la Región sufre como cualquier otra comunidad», indicó.

El ahorro de un 1% en proyectos conlleva después un 10 o un 20% de gastos adicionales

Según Pablo Bueno, «no es necesario inventar nada, basta con copiar lo que se hace en otros países con los que debemos converger; el ideal sería llegar a la adjudicación solo por criterios técnicos, como en EEUU y Alemania y pagar los servicios por tarifas o precio tasado». Mientras llega o no esta solución, que debería partir de una legislación nacional, Bueno se conforma con aplicar los procedimientos que se siguen en la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial o la mayoría de los países europeos desarrollados: «Me refiero a unos honorarios orientativos que permitan realizar una ingeniería de excelencia, al uso de una fórmula simple que utilizan estos organismos para valorar el precio y a que los criterios técnicos tengan un peso del 80 por ciento para adjudicar nuestros servicios».