Aidmur ha pedido a la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, "tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, UP, ERC y PNV por el cual se modifica el polémico 'Icetazo', aprobado el pasado mes de julio, con objeto de que tenga lugar un proceso transitorio y excepcional donde miles de interinos en fraude de ley pasen a ser funcionarios de carrera mediante un concurso de méritos", que paralice cualquier proceso de oposición en educación hasta que dicha nueva regulación no sea desarrollada en los términos de este acuerdo, para no perjudicar a los miles de docentes interinos en fraude de ley de la Región.
El acuerdo que se firmó ayer por las agrupaciones políticas anteriormente mencionadas establece, en aplicación del artículo 61.6 del TREBEP (algo que desde Aidmur llevamos defendiendo desde 2012), que las plazas que hayan sido ocupadas por interinos con anterioridad al 1 de enero del 2016 se ofertarán una única vez en un proceso extraordinario de concurso de méritos, en el que cualquier persona que reúna los requisitos necesarios, establecidos por las administraciones educativas competentes, podrá participar y optar a consolidar su situación, pasando de ser funcionario interino a funcionario de carrera.
Además, adicionalmente se amplía la tasa de reposición para que de forma extraordinaria haya procesos de estabilización para aquellas plazas que hayan estado ocupadas por interinos al menos tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.
Estos procesos se convocarán, como hasta ahora, por el método de concurso-oposición, pero se exige que la fase de concurso (méritos) tenga un peso del 40% (cosa que en educación ya venía sucediendo). Además, estos procesos podrán producirse con pruebas no eliminatorias.
Por otro lado, las personas que pierdan su puesto de trabajo con motivo de estos procesos, deberán ser indemnizados con 20 días de salario por año de servicio. Con ello se pretende que las administraciones convoquen oposiciones y no aumenten las tasas de interinidad de manera disuasoria.
Aidmur explica que educación y el personal estatutario de los servicios de salud tienen normativa propia. En este caso se da un plazo de un año para que adapten la normativa; así se mantiene la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por lo que entendemos que las administraciones educativas competentes tienen de plazo hasta el 6 de julio del 2022 para adaptar su normativa a esta nueva Ley, o en su caso a cumplir la literalidad de la misma.
Aidmur entiende que, ante este nuevo escenario, no deben realizarse procesos selectivos sin que se adapten a la nueva norma y la nueva situación, de forma que las administraciones que así lo hicieran podrían estar incurriendo en ilegalidad manifiesta y fraude de ley, además de un posible delito de prevaricación.
Intersindical muestra su "relativa satisfacción" al acuerdo
Desde la Intersindical Región Murciana expresan su "relativa satisfacción" a un acuerdo por la estabilización en el empleo del personal interino de la Administración, acuerdo que da la razón al sindicato después de meses de movilizaciones.
El sindicato piensa que la propuesta planteada por el Gobierno de la nación y los grupos parlamentarios de ERC y PNV "no es la solución por la que viene trabajando desde hace tiempo, pero supone mejoras sustanciales que cuestionan el relato oficial defendido por los sindicatos mayoritarios hasta ahora".
Según el sindicato, el texto presentado incluye reivindicaciones realizadas durante los muchos años que llevan luchando por la consolidación del personal interino, entre las cuales está el desarrollo del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, por el que se puede convocar por el sistema de concurso aquellas plazas que hubieran estado ocupadas de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, o la realización de los procesos selectivos con pruebas no eliminatorias como medida alternativa ante la ausencia de otros mecanismos.
A pesar de que estas medidas suponen un avance en relación a la propuesta inicial que se llevó al Congreso de los Diputados en el mes de julio, con el apoyo explícito de CCOO, UGT y CSIF, desde la Intersindical prefieren ser prudentes, porque se trata simplemente de un acuerdo inicial, porque no queda en ningún caso claro cómo se realizará la aplicación de esta propuesta de normativa en ámbitos como el educativo o el sanitario, y porque, en todo caso, la norma se deberá desarrollar por una administración regional murciana que sigue manteniendo a su personal interino en perpetuo fraude de ley.
