El Gobierno regional ha paralizado este viernes en la Asamblea Regional la tramitación del techo de gasto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, según informaron fuentes parlamentarias. Las mismas, han señalado que se ha solicitado que no se le dé curso mientras esperan la respuesta del ministerio a la carta que se envió ayer en la que se pedía el fondo Covid para la Región.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, explicó ayer que la AIReF prevé que en 2022 se mantendrá el 40% de los gastos generados por la pandemia, razón por la que pide al Ministerio la asignación con la que hacer frente al virus.
Además, han señalado que el límite máximo de gasto no financiero de la Región de Murcia para el año 2022, que había sido fijado en 5.273,8 millones de euros, un 1,9 por ciento menos que en 2021 (104 millones menos), ha sido registrado mediante procedimiento electrónico en la mañana de este viernes, pero ha sido retirado a lo largo de la jornada matinal.
Por su parte, fuentes de la consejería de Hacienda y Administración Digital han apuntado que el techo de gasto es "provisional" y está condicionado a que el Ministerio de Hacienda confirme si va a mantener para el próximo año los fondos Covid.
Al respecto, el consejero del ramo, Luis Alberto Marín, ha señalado que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le solicita que mantenga para el próximo el fondo de ayuda a las comunidades autónomas por los efectos socioeconómicos del coronavirus.
En función de la respuesta que obtengan de esta misiva, la consejería de Hacienda elaborará un nuevo techo de gasto con la cifra definitiva que, después de la retirada parlamentaria realizada hoy, deberá ser aprobado nuevamente por el Consejo de Gobierno.
La aprobación del techo de gasto por parte de la Asamblea Regional es el paso previo que requiere el Gobierno regional para poder dar luz verde en Consejo de Gobierno al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.
El artículo 46 del Estatuto de Autonomía establece que el presupuesto del siguiente año debe ser presentado por el Consejo de Gobierno a la cámara autonómica con una antelación mínima de dos meses a la fecha de inicio del correspondiente ejercicio, por lo que debía haber sido registrado a 1 de noviembre.
