El Pacto por la Justicia en la Región sale adelante sin pacto

La diputada popular Miriam Guardiola criticó con dureza «el ‘no’ vergonzoso del PSOE y de Podemos», asegurando que ambas formaciones «dan la espalda a medio centenar de colectivos, a más de 540 participaciones y a casi mil aportaciones de ciudadanos». En tribuna, afeó al socialista Francisco Lucas que asegurara el viernes en la Asamblea ante el fiscal José Luis Díaz Manzanera, que acudió para presentar la memoria judicial de 2020, que sí que apoyaría el Pacto para después no hacerlo.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista explicaron a LA OPINIÓN que, «como en todas las mociones, hay conversaciones y se habla entre los grupos», pero mantienen que «en ningún momento se dijo que sí ni que no». Afirman que Lucas se limitó a «agradecer al fiscal jefe su comparecencia, al igual que trasladó su compromiso y el del PSOE en seguir trabajando por la justicia». Su intervención, añaden, «está grabada, y se puede escuchar que no se pronuncia sobre el Pacto».

Desde el PP lamentan que el Gobierno de España no haya aprovechado los Presupuestos Generales del Estado para mejorar la situación de la justicia en la Región. «Un año más, sin noticias del Palacio de Justicia de Molina, con una dotación irrisoria para la Ciudad de la Justicia y otra más que deficiente para Lorca», destacó Guardiola. Tampoco hay, añaden, «dotación para la cuarta planta de fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Murcia» ni «mecanismos que garanticen una retribución justa de los abogados del turno de oficio».

«Esta falta de medios hace que la tramitación y resolución de los procesos judiciales se dilaten en el tiempo», afirmó la diputada, que puso como ejemplo que en los juzgados de lo civil se tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, «muy por encima de la media nacional que se encuentra en 7,4 meses y muy lejos de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón donde tardan menos de la mitad, entre 4 y 5 meses».

Los ciudadanos de la Región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 Cantabria o 13 Castilla y León. En cuanto al número de fiscales, la Región cuenta con la ratio más baja de toda España, con un fiscal por cada 23.846 habitantes y la tercera comunidad con mayor carga de trabajo. «Debemos reivindicar ante el Ministerio de Justicia una mayor dotación de recursos que nos iguale al resto de comunidades, reclamó. En concreto, se necesitarían 27 nuevas unidades judiciales y 15 nuevos fiscales para que la Región se equipare a la media nacional.

El PSOE, por su parte, aseguró que el Gobierno regional «solo quiere la foto y confrontar con el Pacto por la Justicia para luego guardarlo en un cajón». La diputada Virginia Lopo dijo que, «si de verdad el PP y los tránsfugas quisieran un pacto por la justicia, empezarían por exigir de una vez a Teodoro García Egea y Pablo Casado que desbloqueen el Consejo General del Poder Judicial, y que apoyen los PGE, tan necesarios para la Región de Murcia».

En este sentido, duda de que el Gobierno de López Miras quiera un pacto. «Buscan la confrontación, no dialogan, no quieren acuerdos, quieren que todos pasemos por el aro de sus políticas sectarias y cortoplacistas», señaló.

En la misma línea, Rafael Esteban, de Podemos, opina que lo único que ha buscado el PP con este pacto es confrontar con el Gobierno de España y les acusó de no haber contado con ellos ni con ningún otro grupo político para trabajar en el Pacto. A su parecer, esta moción carece de sentido porque la Región de Murcia no tiene las competencias de justicia y siempre ha rechazado hacerse con ellas. «Que López Miras sea valiente y negocie las transferencias en esta materia, como ya han hecho doce comunidades», reclamó el parlamentario morado.

Rechazan contratar a los 1.500 docentes de refuerzo despedidos en junio

El diputado regional del PSOE Antonio Espín lamentó ayer que «el PP, los tránsfugas de Ciudadanos y los expulsados de Vox hayan vuelto a despreciar la educación de los menores de la Región», al negarse a contratar los 1.500 docentes de refuerzo Covid que despidieron en junio, «impidiendo de esta manera reducir las ratios en las aulas y poner en marcha programas de refuerzo educativo». Espín recordó que «hemos recibido en los últimos dos meses 422 millones del Gobierno de España para ello, entre otros asuntos». El Partido Popular, por su parte, presentó una enmienda parcial, que fue rechazada en la que se ponía la condición de dichas contrataciones se hagan «a través de los Fondos Extraordinarios Covid que pueda recibir del Ministerio de Educación». El diputado Víctor Martínez-Carrasco mantiene que «para poder asumir gastos extraordinarios hacen falta fondos extraordinarios».

Urgen al Gobierno de España a eliminar los peajes de la AP-7

El Grupo Parlamentario Ciudadanos vio ayer aprobada su propuesta de solicitud al Gobierno de la Nación para la gratuidad de la AP-7 y del resto de autovías y autopistas. Su portavoz, Francisco Álvarez, recriminó al Gobierno de Sánchez que ponga «freno a la recuperación económica» con el incremento de los costes que llevará a «la muerte de numerosas empresas del sector del transporte». El tramo de la AP-7 que discurre entre Alicante y Tarragona es gratuito. Sin embargo, «siguen siendo de pago los tramos de Crevillente-Cartagena y Cartagena-Vera, estableciéndose así un flagrante agravio comparativo para los usuarios». La propuesta de los expulsados de Cs no obtuvo ningún voto en contra, ya que el PSOE volvió a ausentarse en la sesión plenaria al no querer participar en mociones de los tránsfugas. Álvarez lamentó que «no se preste a debatir los problemas que afectan a los habitantes de la Región».