Un policía local de San Javier ha formulado en el Juzgado de Instrucción nº7 de San Javier una denuncia contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez, y al jefe de Policía Local, Salvador Angosto, por un presunto delito de prevaricación administrativa por la convocatoria irregular de una plaza de oficina, que fue concedida y luego retirada al denunciante. También denuncia que se le ha aplicado una reducción de jornada irregular y que sufre una campaña de acoso desde que solicitara la conciliación laboral para poder atender a sus dos hijas pequeñas. 

Este agente solicitó a principios de 2020 una adaptación de la jornada para poder conciliar la vida laboral y familiar, en los términos que recoge el Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo. Por ello, tras conocer que iba a quedar vacante una plaza de oficina y tareas administrativas, con unos horarios adecuados para cumplir con la custodia compartida, solicitó y le fue concedido ese puesto por parte del jefe de Policía y del edil de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, casi tres semanas después, «me comunican sin ningún motivo aparente que debo cesar porque iban a mejorar las condiciones económicas del puesto y eso requería sacar la plaza a concurso», señala el agente, que considera extraño este argumento porque ya había aceptado las condiciones menos favorables, por lo que mejorarlas supondría «un perjuicio para las arcas del Ayuntamiento». Acto seguido, según el denunciante, la plaza sale a concurso de manera irregular al ofrecerse por un grupo de Whatsapp interno de la Policía. «Y adjudican la plaza provisionalmente a otro agente».

En la denuncia, el agente sostiene que «la actuación obstructiva del Consistorio» podría venir motivada por no querer que se generalice la aplicación del decreto que regula la conciliación laboral entre los trabajadores públicos. Tras el cese, el policía tuvo que volver a su turno anterior (siete días de trabajo y siete libres con carácter alterno en turnos rotativos de mañana, tarde y noche), lo que impidió cumplir con sus obligaciones paternales de custodia compartida para con sus dos hijas pequeñas; esta situación le provocó «una severísima crisis de ansiedad» que llevó aparejada la derivación a un centro de salud mental y conllevó una baja laboral de seis meses. Actualmente, realiza laborales de vigilancia en un horario adaptado a sus necesidades paternales «pero me han aplicado una reducción de la jornada»; algo que expresamente prohíbe el decreto que regula la conciliación laboral.

Asegura que también ha recibido amenazas. «Una mañana me llamaron para que me presentase a las 6 de la mañana o de lo contrario me abrirían un expediente disciplinario, pero, ¿cómo voy a dejar a mis hijas a las cinco de la mañana solas en Cartagena para irme a trabajar a 40 kilómetros?, ¿y quién las lleva al colegio?», señala el agente Peñalver, que admite que siente «miedo; la verdad es que lo estoy pasando mal, pero tengo que luchar y defender a mi familia». 

Esta Redacción se puso en contacto con el concejal de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez, que declinó hacer declaraciones hasta no tener notificada la denuncia oficialmente.