El campo se encuentra en una tormenta perfecta, una definición que las organizaciones agrarias que representan al sector primario llevan mencionando desde hace meses ante la escalada de precios en materias primas, combustible o la luz. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) cifran en un 270% el incremento de coste destinado a pagar la factura eléctrica de las explotaciones agrícolas o ganaderas en un año, desde octubre de 2020.
El sector agroalimentario se enfrenta a una crisis estructural en la que se pide poner el foco en los pequeños y medianos productores. «La inflación del Índice de precios de consumo (IPC) no para de continuar y el consumidor quiere productos alimenticios cada vez más baratos, y esto asfixia los beneficios en origen», remarca Alfonso Gálvez, presidente de Asaja Murcia.
En pleno contexto también de la crisis por el Mar Menor y la ordenación del territorio en la cuenca vertiente a la laguna, las 8.400 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena se podrían transformar en un curioso aliado para no solo intentar abaratar costes en las explotaciones sino marcar un camino a la sostenibilidad en lo referente a dónde colocar instalaciones fotovoltaicas, unas infraestructuras que han estado en el punto de mira en la Región.
«Llevamos pidiendo desde hace tiempo que no se instalen plantas fotovoltaicas en terrenos productivos»
Desde Asaja apuestan por aprovechar terrenos como estos en una zona que concentra un gran número de producciones agrarias y ganaderas a las que el coste de la luz le obliga a formular alternativas de consumo energético. Gálvez ve como una alternativa viable que los propietarios de estos terrenos los alquilen para que comunidades de regantes o agricultores o ganaderos particulares puedan instalar placas solares cerca de sus cultivos o granjas.
Por un lado, existiría un incentivo económico para los propietarios que, si todo sigue su curso, deberían restablecer por obligación de las administraciones estas parcelas de regadío ilegal a su estado original. Habría que ver si esto supone un impedimento para sacar un rédito de estos terrenos que no tienen derecho al uso del agua y que fueron sancionados por la Confederación Hidrográfica del Segura; pero Asaja apuesta por «incentivar facilidades para alcanzar una situación más justa y rápida para todos». De los expedientes tramitados por la CHS que son remitidos a la Comunidad para que obligue a los dueños de estas fincas a desmantelar los regadíos, algunos están recurridos ante la Justicia.
Medidas fiscales y financieras ante la escalada de precios
Asaja ha exigido al Gobierno central una batería de «medidas urgentes fiscales y financieras» para amortiguar las continuas y fuertes subidas de los insumos agrarios, para que no repercutan en el eslabón más débil de la cadena alimentaria ya que están ahogando a agricultores y ganaderos este año. En concreto, la organización agraria ha subrayado que en el último año se han incrementado los precios de fertilizantes entre un 239% y 307%, convirtiéndose en la campaña más cara de la historia, mientras que el de la energía eléctrica se ha disparado un 270% y el gasóleo agrícola casi un 73%.
«Lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo a las empresas de energías renovables es que no instalen plantas fotovoltaicas en terrenos productivos de regadío o secano, sino en zonas marginales con escasa rentabilidad de las parcelas», señala Gálvez, que no se opone al alquiler de estos espacios de uso agrícola siempre y cuando no acaben eliminando cultivos en producción.
Eficiencia energética
Dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha destinado 3,9 millones de euros para mejoras en eficiencia hídrica y energética, un dinero destinado a las comunidades de regantes para poder, por ejemplo, llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas.
La Consejería ha concedido 21 ayudas a particulares para la instalación de placas para autoconsumo
«Por otro lado, dentro de la última convocatoria de modernización de explotaciones, se concedieron 21 ayudas a particulares para proyectos de fotovoltaicas, por un importe de ayuda de 80.000 euros (el 50% de cada inversión)», señalan desde la Consejería.
Asaja se encuentra inmersa en una campaña de información a agricultores y ganaderos para que opten por el autoconsumo en sus explotaciones. Gálvez señala que aunque todavía no está generalizada esta práctica, cada vez más productores optan por instalar placas para abaratar la factura eléctrica. «De esta forma también reducimos el impacto visual y paisajístico en grandes zonas agrícolas».
