Las empresas adjudicatarias de los nuevos contratos de la ayuda a domicilio no estarán obligadas a sumir al personal que presta este servicio desde hace años, lo que aboca al despido a unas 500 trabajadoras. El Tribunal de Recursos Contractuales ha rechazado los recursos contra los pliegos del concurso convocado por la Consejería de Política Social, que fue suspendido el pasado 28 de mayo. El Instituto de Acción Social (IMAS) podrá culminar ahora la licitación de los cinco lotes por un importe de 24.578.821,44 euros, que extenderá el servicio de atención a las personas dependientes a 27 municipios más de la Región.

En una de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal de Recursos Contractuales se defendía la subrogación de las plantillas que están prestando este servicio en la actualidad por parte de las empresas adjudicatarias. El IMAS consideró que no había motivos para incluir la subrogación en los pliegos porque el modelo existente en este momento no implica una relación directa entre la Administración regional y las empresas que prestan el servicio. Fuentes de Política Social explicaron que la Comunidad concede la ayuda a los beneficiarios, que son quienes contratan a las empresas.

Unas 500 trabajadoras se ven abocadas al despido tras la adjudicación, tal y como informó La Opinión. Las empleadas que atienden a los mayores temen que si las empresas para las que trabajan no obtienen la contrata, se quedarán en la calle. Se quejan de que, incluso en el caso de que su empresa resultara adjudicataria, no tendría la obligación de respetarles su antigüedad.

También CC OO presentó una reclamación ante el IMAS y negoció con la Consejería una fórmula para introducir la subrogación en los pliegos de forma indirecta, estableciendo la obligación de cumplir el convenio colectivo del sector, que sí recoge la obligación de los nuevos contratistas de contar con los trabajadores que prestan el servicio.

El Tribunal de Recursos dice que se trata de «un nuevo modelo de gestión de un servicio público autonómico de atención a las personas dependientes abordado ahora por el IMAS y no por los ayuntamientos, y por ende, las anteriores relaciones laborales no cumplen los requisitos para ser considerada como unidad, como entidad económica con identidad a los efectos de la subrogación del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público». Su conclusión es que «no nos encontramos ante una habitual sucesión de contratas», ya que «no existe continuidad en la explotación de una misma unidad económica o productiva, sino ante un cambio de modelo de gestión en el que el nuevo adjudicatario prestará el servicio de atención a personas dependientes, bajo una nueva fórmula jurídica, el contrato administrativo de servicios».

El Tribunal también rechazó las pretensiones de las empresas que consideran insuficientes los precios recogidos en los pliegos. La Consejería asegura que también en este recurso se ha levantado la suspensión que paralizó el concurso y que ahora procederá a la adjudicación.

El PSOE critica que los trabajadores «se quedan en la calle»

El PSOE critica que la adjudicación del nuevo concurso «dejará en la calle a los 500 trabajadores», en su mayoría mujeres. La diputada regional Toñi Abenza aseguró ayer que «López Miras no ha tenido en cuenta la realidad del tejido empresarial de la Región de Murcia al no incluir cláusulas sociales y explicó que esta decisión generará desconfianza en los usuarios del servicio, que ahora verán a otra persona entrar por la puerta de su casa para atenderles». Respetamos las decisiones judiciales del Tribunal de Recursos Contractuales, pero no compartimos las decisiones políticas de un Gobierno», indica.