«Nos oponemos a que se multe a nuestros clientes, que son quienes nos dan de comer». Así de contundentes se muestran las integrantes del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y el Sindicato de Trabajadoras del Sexo (Otras), que ayer ofrecían una rueda de prensa en Murcia para hablar de sus demandas.

Todo viene por lo que ha puesto sobre la mesa, a nivel nacional, el PSOE, que defiende la abolición del trabajo sexual porque considera que la prostitución es incompatible con los derechos humanos. El partido de Pedro Sánchez considera que «sin prostitución no hay trata», busca penalizar al cliente y al proxeneta y perseguir también a los dueños de los prostíbulos.

Comparecieron en la sede de CATS el coordinador de este colectivo, Nacho Pardo, y dos activistas de Otras, Linda Porn y Vera.

Las afectadas insisten en que han de ser «consultadas previamente ante cualquier intento legislativo que nos afecte», y que hasta este momento se las ha «ninguneado».

Tienen claro que «las medidas represivas, incluyendo la supuesta abolición, que es en realidad prohibición, de la prostitución no acabarán con la actividad y solo conseguirán empujarnos a la clandestinidad, hacer más difícil nuestra vida y exponernos más a violencias».

Cabe recordar que en España, en estos momentos, el trabajo sexual es alegal. No es directamente legal, pero tampoco es ilegal, y su ejercicio libre (es decir, cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado. Otra cosa diferente es la trata, y las trabajadoras sexuales, como insistieron este viernes, piden «que se dejen de confundir intencionadamente» ambas.

Quieren ser consultadas «ante cualquier intento legislativo que nos afecte», pero se sienten «ninguneadas», afirman

CATS, que atendió en 2020, en plena pandemia por coronavirus, a entre 1.800 y 2.100 prostitutas en la Región de Murcia, lleva meses diciendo que la nueva ley está en contra de ellas y busca precarizarlas aún más de lo que están ya. Pardo apuntó que no se puede saber cuántas trabajadoras del sexo hay en la comunidad murciana, dado que muchas de ellas ejercen en sus casas y no hay registro alguno de su actividad alegal.

Más dependencia y abuso

Además, Pardo tiene claro que, se ponga la ley que se ponga, la gente va a seguir ejerciendo, aunque cada vez en situación más precaria. «Las leyes abolicionistas lo que van a hacer es promocionar las mafias, hacer que las trabajadoras dependan un poco de los protectores», denunció.

A la pregunta de si planean alguna manifestación masiva, adelantó que están en conversaciones con otras asociaciones, pero para más adelante. Quiso mandar un mensaje «a las trabajadoras sexuales que nos están escuchando» y les dijo que «si tienen algún tipo de duda, que contacten con nosotros, en CATS o en Otras y que se informen de la situación. Si nos estáis escuchando, trabajadoras sexuales, ahora es el momento de unirnos, compartir acciones y actividades».

Vera, por su parte, comentó que, muchas prostitutas se convertirán «en personas sin hogar» a quienes no querrán alquilarle una vivienda «por la sospecha de que somos putas». «Tendremos que pedir a los clientes que nos alquilen el piso y eso crea una situación de dependencia y de abuso».