La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno regional ha sido sancionada con una multa de 10.000 euros por haber llevado a cabo una mala gestión de los residuos líquidos generados en el vertedero de Abanilla y que provocó a finales de 2019 un vertido contaminante de forma continuada durante 17 días. El derrame tóxico se cifró en 7.500 litros.
La sanción parte de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, que responsabiliza a este departamento de la Consejería de Medio Ambiente de los vertidos que se produjeron al cauce natural de un barranco tras fallar el sistema de bombeo de una arqueta que impulsaba los residuos tóxicos a una balsa que los acumulaba. Es por ello que el organismo de cuenca hace responsable a la Dirección General de «degradar el dominio público hidráulico».
La Guardia Civil presentó una denuncia en los juzgados de Cieza en diciembre de 2019 tras comprobar que volvían a brotar los lixiviados en el vertedero propiedad de la empresa Proambiente. Esta aparición coincidía con la paralización entonces de los trabajos de restauración y sellado de los vasos, que finalmente terminaron de acometerse este verano tras 20 años de polémica.
Estas denuncias también motivaron por su parte una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia contra la Consejería de Medio Ambiente por su inacción en estos trabajos. Esa avería se debió a las intensas lluvias que se registraron en la zona en diciembre de ese año, sumado a los graves destrozos ocasionados en las instalaciones de recogida de líquidos tóxicos con la DANA de septiembre de 2019, que inutilizó los pozos de captación .
La Confederación, tras analizar las muestras que tomó de los vertidos, abrió un expediente de sanción en septiembre de 2020 apoyado en los hechos acreditados por la Guardia Civil, que comprobó la presencia de un «derrame de vertido (0,3 litros por minuto) hacia el cauce natural y, tras discurrir 400 metros, se re-infiltra posteriormente en el terreno, lo que constituye una actividad susceptible de contaminar o degradar el dominio público hidráulico».
La Consejería alegó que son residuos no peligrosos
En las alegaciones que presentó la Dirección General de Medio Ambiente, este departamento señaló que la empresa encargada del sellado, una vez se detectó el vertido y el fallo de la bomba por la falta de suministro eléctrico debido a las lluvias, «procedió de inmediato a los trabajos de contención aguas abajo, arreglo de cunetas y reparación o sustitución de las bombas». La Consejería señala que los lixiviados que emanan del vertedero pueden considerarse «residuos no peligrosos, con escasa presencia de metales o de sustancias orgánicas persistentes», y que en la zona no existen acuíferos, sumado a la baja permeabilidad de los suelos. Ambas alegaciones fueron rechazadas por la CHS.
Falta de previsión
El organismo de cuenca señala a Medio Ambiente por no implantar entonces las medidas necesarias para cortar los vertidos en el caso de que hubiera un fallo eléctrico en las instalaciones de bombeo del basurero, ubicado en el paraje La Solana, en la Sierra de Abanilla (un espacio protegido), entre el municipio murciano y Orihuela.
La resolución firme del expediente se firmó el mismo día que la Consejería de Medio Ambiente y los ayuntamientos de Orihuela y Abanilla anunciaron el final de las obras de restauración, a principios de agosto. «Hubo y presuntamente sigue existiendo una falta de previsión en la funcionalidad de los dispositivos instalados para la evacuación de los lixiviados ante posibles escenarios de lluvias intensas o averías de bombas», concluye la CHS.
Los líquidos tóxicos siguen brotando de los vasos que guardan la basura
Los trabajos de sellado del basurero de Abanilla comenzaron en 2015 y no terminaron hasta este año. Tanto la Comunidad como el Gobierno valenciano han invertido 8,8 millones de euros, asumiendo la mayor parte la Región de Murcia, con 6,5 millones al estar dentro del territorio murciano el 72% de las instalaciones. Estos trabajos de sellado no impiden que sigan brotando líquidos tóxicos del suelo en dos de los vasos del basurero, donde hay residuos enterrados a cien metros.
Las canalizaciones llevan estos lixiviados hasta una balsa con una capacidad de 50.000 metros cúbicos. La Consejería señaló que estos líquidos están controlados y no hay riesgo de vertidos al tener nueve bombeos con diez bombas funcionando para la canalización de este residuos. Los técnicos de Medio Ambiente ya remarcaron en agosto que no hay riesgo de una colmatación de los líquidos contaminantes en la balsa principal, que alberga actualmente 41.000 m3 de residuos.
Ambas comunidades demandaron a los propietarios de los terrenos sufragar la vigilancia y el mantenimiento post-clausura del vertedero, así como la gestión de los lixiviados durante 30 años, lo que se estima en 6,3 millones de euros. El Gobierno regional y los ayuntamientos de Abanilla y Orihuela demandaron de forma conjunta que el Ministerio para la Transición Ecológica aporte dinero para cubrir este gasto mientras no lo hagan los propietarios.
