Pascual Cantos, decano de la Facultad de Letras

«El fanatismo resulta temible por la violencia que ocasiona, pero se le puede derrotar eficazmente»

Es irremediable pensar en una polarización que existe en la sociedad hoy en día. ¿Por qué convivimos divididos por todo?

Es una pregunta excelente, y tan antigua como el propio mundo. No creo, me temo, que exista una respuesta satisfactoria. La humanidad ha conocido siempre la discrepancia, y a veces de manera especialmente grave y violenta. Pero si seguimos siendo capaces de dotarnos de un marco de convivencia donde todos podamos expresarnos y de tener, además, una sociedad en la que las leyes garanticen la convivencia y el respeto mutuo. No hemos de tener miedo a las disensiones, ni siquiera a la polarización. Disentir es bueno, de la confusión inicial de la discusión siempre arroja luz. El fanatismo, esa mezcla de miedo, rencor e ignorancia, resulta temible por la violencia que ocasiona, pero se le puede derrotar eficazmente desde todos los ámbitos del saber.

¿Falta formación, conocimientos u otras herramientas que nos permitan ser ciudadanos críticos?

No, realmente nunca hemos vivido en una época como la nuestra, tan rica en información, ni tan capaz de gestionar dicha información con unos medios tecnológicos que nadie podía soñar hace menos de una generación. Está claro que todo es mejorable, pero la formación y la capacitación, en líneas generales, no son un problema hoy en día. No obstante es muy cierto que demasiadas veces brillan por su ausencia el sentido crítico, la ponderación y la capacidad racional de análisis. Sin embargo, no debemos dejarnos impresionar, porque tenemos medios más que suficientes para desarrollar una crítica racionalmente sana, una mentalidad cooperativa y un espacio abierto al diálogo en el que no haya lugar para los extremismos. Simplemente bastará con que no olvidemos reforzar en todos los ámbitos la dimensión ética de nuestra vida, dentro de una mentalidad de compromiso y solidaridad que respete el saber rigurosamente verificado.

Facilitar la inclusión y el respeto hacia las personas de diferente origen, religión, género, orientación sexual u opinión es uno de los objetivos que se marca este ciclo, ¿Qué podemos hacer para lograrlo? ¿Estamos muy lejos de conseguirlo?

Queda mucho camino por hacer pero no importa tanto lo lejos que estemos de conseguir llegar a nuestro objetivo. Lo que importa es el camino constante, la reforma permanente, la voluntad de favorecer la integración y evitar la exclusión. Hemos de favorecer simplemente la causa de la humanidad y reconocer que las personas hemos nacido para vivir en sociedad o instruyéndonos o soportándonos, pero en un marco de convivencia pacífica, integración y comunidad. En este sentido la educación es esencial para forjar esos valores de empatía e igualdad, y para que no exista ningún motivo de exclusión por raza, opinión, género ni orientación sexual, favoreciendo políticas de verdadera integración que vayan más allá de la mera declaración formal y que sean viables, reales, efectivas y que la gran mayoría de las personas que formamos la sociedad las consideremos nuestras y nos sintamos copartícipes. 

Desde la Universidad, ¿qué acciones se pueden plantear para lograr esa sociedad más justa? 

La Universidad es una institución clave en todo este proceso. No solo genera ciencia. También crea conciencia, forja un espíritu crítico. La Universidad anima a buscar la verdad, a desarrollar e implementar todo cuanto ayude a elevar la vida humana, ya sea en el terreno de la vida material o también el ámbito moral y ético. La razón de ser de la Universidad es servir a la sociedad en su conjunto aportando personas formadas que sean valiosas y fructíferas, todo cuanto hace debe estar orientado a ese propósito. No hay nada más poderoso que una mente despierta y generosa al servicio del bien común. Eso es lo que puede hacer y aportar la Universidad: tender puentes, plantear debates, reflexionar críticamente el ejercicio de la libertad, albergar el saber, potenciarlo y ponerlo al servicio de la sociedad.

David Morillas, decano de la Facultad de Derecho

«Ahora mismo vivimos en una época donde la transparencia es una especie de dogma de fe»

¿Hay garantizada en España un acceso a la justicia en igualdad de condiciones? 

Sí, sin ninguna duda. El acceso a la justicia es un derecho reconocido internacionalmente y esencial en los Estados sociales y democráticos de Derecho, como es el caso de España; es decir, un pilar fundamental en cualquier estructura democrática. Sin embargo, ese acceso debe hacerse en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que toda la ciudadanía debe tener acceso a la Justicia, independientemente de factores, sociales, económicos o de cualquier tipo y, para garantizarlo, el Estado debe articular los mecanismos necesarios para que esa igualdad de oportunidades se produzca. En España, el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la justicia gratuita que prestan más de 45.000 abogados adscritos al Turno de Oficio en nuestro país.

Si buscamos crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, ¿qué tenemos ahora mismo?

Ahora mismo vivimos en una época donde la transparencia es una especie de dogma de fe, al que se alude constantemente en un sentido y otro. Me explico, las Instituciones presumen de haber implementado mecanismos de transparencia de cara a la ciudadanía, pero que luego, en algunos casos, no ejercitan en los términos y condiciones previstos, lo cual, a mi juicio, es tremendamente reprochable ya que intentan dar ejemplo construyendo una fachada respecto de la cual después no suministra la información prevista. De otro lado, la ciudadanía confunde términos y cree que tiene un derecho absoluto a exigir basado en esta idea de transparencia total y esto no es así. Es por ello que todavía hay mucho por hacer. La situación que vive España en la actualidad en esta materia es infinitamente mejor a cómo estábamos hace años pero, no por ello, hay que conformarse y continuar exigiendo a quien no suministra la información a la que está obligado, incluso responsabilidad jurídica, y a la ciudadanía concienciarla en el verdadero significado de la transparencia.

Se denuncia también el conformismo político de los ciudadanos y la falta de exigencia a los funcionarios electos. ¿Qué falla aquí? 

Tenemos lo que nos merecemos o, mejor dicho, lo que votamos. Creo que estamos ante una muy evidente crisis en la política española en la que prima más el interés personal o de partido que el colectivo. Eso lleva a muchos ciudadanos a orientar el sentido del voto de forma negativa; es decir, no tener un candidato preferente al que apoyar y sí uno que no quiere que gobierne, votando en esa dirección. Sé que este tema resulta muy recurrente pero es así: España está viviendo desde 1978 la época más próspera de su historia, por mucho que nos empeñamos en revertirla, y, para configurar todo el sistema de nuestra democracia, hubo que remar hacia el mismo lado, la derecha mirando a la izquierda, la izquierda a la derecha, el comunismo al centro..., sin renunciar a sus principios pero sumando siempre en pro de un interés común: la Constitución. Hoy día hacen falta muchos Adolfos Suárez, Felipes González, Alfonsos Guerra, Santiagos Carrillo...

El presidente del TSJ y el Fiscal Superior de la Región han denunciado la judicialización de la vida política y económica, y que esto traía como consecuencia que la Justicia veía lastrada su acción. 

Hoy día la clásica y fundamental separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- se encuentra preocupantemente en crisis y ésa es una situación muy peligrosa para un Estado social y democrático de Derecho, ya que esto es un claro síntoma de que empiezan a tambalearse sus pilares. En este sentido, resultan inauditas las injerencias que está sufriendo el Poder Judicial. Voy a serle muy claro y podría ponerle, desgraciadamente, varios ejemplos: resulta bochornosa la imagen que se está dando con la inhabilitación decretada por el Tribunal Supremo del diputado Rodríguez (y me daría igual que se apellidara Casado, Abascal, Sánchez, Arrimadas, Otegi o Junqueras). A día de hoy, el Poder Judicial es soberano e independiente y su función, entre otras, consiste en dictar justicia, pudiendo estar más o menos de acuerdo con lo que resuelve, faltaría más, pero las decisiones judiciales hay que acatarlas, cuando son firmes, y respetarlas. Nadie, repito, nadie, puede estar por encima de la Ley.