El Informe de las comunidades autónomas elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona que se debate en XX Foro de las Autonomías que se celebra en la Cámara Alta, en el que se analiza la gestión de los gobiernos regionales durante el año 2020, destaca «las importantes deficiencias» del modelo anterior respecto a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia, a las que consideran que habría que sumar todas las mediterráneas. Por ello, reclaman que el nuevo modelo contemple la necesidad de revisar los desequilibrios entre comunidades.

También propone abordar las «desigualdades» en financiación entre las regiones de régimen especial o foral -País Vasco y Navarra- y el resto de autonomías, las de régimen general. En el documento se llama a corregir estas desigualdades en materia de financiación a través de unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación.

Precisamente, el sistema de financiación autonómica es uno de los puntos sobre los que versa este informe, que reconoce la dificultad de remodelar este modelo dado el contexto de «fuerte crisis económica». Así, consideran que este nuevo retraso en la actualización del sistema de financiación autonómica se puede justificar en la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias de esta crisis en deuda, destrucción de empleo y tejido productivo.

Sobre los fondos extraordinarios de financiación, como ha podido ser el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros para repartir entre las comunidades, el informe apunta que el mantenimiento de estos mecanismos extraordinarios se antoja inevitable. «El Estado autonómico ha salido fortalecido y consolidado después del estado de alarma», dijo el catedrático Javier García Roca, uno de los autores del informe.