Los miembros de la sección sindical de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, de la Región de Murcia, acudirán el miércoles 20 de octubre a la manifestación convocada en Cuenca con motivo de la reunión anual de directores de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

"Es el momento para manifestar el hastío de las plantillas ante quienes toman las decisiones y ante quienes las acatan. En los últimos años hemos asistido a una serie de compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria", explican desde el sindicato.

"En el año 2017 -continúan- el colectivo de empleadas/os de prisiones comenzó un proceso de movilizaciones sin parangón hasta el momento, con el objetivo de alcanzar unas mejoras necesarias para los trabajadores penitenciarios que llevaban más de 10 años paralizadas". Desde el sindicato apuntan que "de nada sirvió": "Los esfuerzos fueron ineficaces, y nos vimos en la necesidad de convocar una huelga general en los meses de octubre y noviembre de 2018. A pesar de la dureza de las movilizaciones, la administración no accedió a abrir la negociación".

Tras la doble cita electoral de 2019 se reactivó la relación entre administración penitenciaria y sindicatos, apuntan, "lo que generó muchas expectativas en el colectivo, más aún con el impulso de una futura Ley de Función Pública Penitenciaria, que recogiera las reivindicaciones de los trabajadores. Sin embargo, desde febrero de 2021, las negociaciones están totalmente paralizadas".

Conflicto laboral

Este acto se enmarca en el conflicto laboral que ACAIP-UGT y CSIF declararon ante el ministro del interior el pasado 23 de septiembre. "Las prisiones de Murcia no son ajenas a los principales problemas del resto de centros dependientes de la Secretaría General, con un déficit de personal superior al 10%; a esto se suma la acuciante falta de personal médico en los centros de la provincia", afirman.

"Los trabajadores penitenciarios -concluyen- han demostrado durante los momentos más duros de la pandemia su compromiso y su profesionalidad, sin embargo, la administración penitenciaria sigue menospreciando a un colectivo imprescindible en la ejecución de las sentencias. Es de justicia que se reconozca las reivindicaciones históricas del colectivo, como la condición de agentes de la autoridad, la formación universal, la cobertura de todas las plazas vacantes y la adecuación retributiva a las funciones que se realizan con la adscripción al grupo B del TREBP y la reclasificación de los centros penitenciarios, que suponga el fin de las diferencias salariales de los trabajadores en función del centro donde se preste servicio".