El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) llevará ante la Fiscalía la decisión de Adif de suspender el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas sin ofrecer un medio de transporte alternativo accesible para personas con movilidad reducida. Adif cerró la línea el 1 de octubre y sustituyó los trenes por autocares a los que no pueden subir los viajeros que utilizan sillas de ruedas.
El presidente nacional de esa entidad, Luis Cayo, aseguró ayer que el hecho de que no se hayan habilitado autobuses accesibles para cubrir ese trayecto es «un tema sangrante» y «una abominación» que contraviene leyes y directivas europeas de obligado cumplimiento.
Por eso, tras reunirse este jueves en Murcia con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y con la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, anunció que llevará el asunto ante la justicia.
En rueda de prensa en el Palacio de San Esteban, Cayo recordó que existe una Fiscalía especializada en el área de la discapacidad y se comprometió a trasladarle este asunto con el convencimiento de que actuará de oficio, ya que «no es admisible» no ofrecer «alternativas accesibles» al corte ferroviario y conculca normas nacionales y europeas.
Alcantarilla también quiere acoger los trenes de Madrid
Alcantarilla ha propuesto a Adif que establezca en el apeadero de este municipio la salida de los trenes de la línea de Cartagena a Madrid por Chinchilla a partir de febrero, cuando se corten las vías entre Nonduermas y la estación del Carmen de Murcia. Así lo anunció ayer el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, en una carta en la que destaca «la ubicación, el fácil acceso a vías de comunicación, el amplio espacio para que los autobuses puedan circular y las zonas de aparcamientos libres disponibles. La cercanía a la ciudad de Murcia es otra de las ventajas», defendió Buendía.
De hecho, insistió en que la situación sería denunciable incluso ante la Unión Europea.
Además, se ha comprometido también a pedir responsabilidades a nivel político a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que dé una solución que no menoscabe «la dignidad» y los derechos de las personas con discapacidad.
En su encuentro con López Miras, Cayo repasó también otros asuntos que están en la agenda nacional del CERMI, como el correcto aprovechamiento de los fondos europeos de regeneración «Next Generation» para que tengan una vertiente social y de atención al tercer sector y la discapacidad.
Se lamentó de que el borrador de propuestas presentado hasta el momento por el Gobierno se centra en «lo verde y la digitalización», aspectos ambos positivos, pero que no pueden dejar de lado la parte social. Respecto a la tramitación como ley de ese proyecto dijo que se excluye de diferentes convocatorias de manera explícita a los colectivos del tercer sector, incluidos los de la discapacidad, que también tienen «necesidades de digitalización, de eficiencia energética o de humanización».
