La investigación judicial por la contaminación del Mar Menor estará lista antes de que acabe el año tras el «gran impulso» que han dado en los últimos meses las diligencias del denominado ‘Caso Topillo’, por el que se investiga a más de una treintena de personas entre agricultores, empresarios y responsables políticos por la presunta realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales del Campo de Cartagena a la laguna salada. Así lo anunció ayer el fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en plena ‘resaca’ tras la histórica manifestación celebrada horas antes en Murcia y que congregó a miles de personas para reclamar soluciones ante la tragedia ecológica que sufre el ecosistema murciano en la actualidad.
El fiscal superior destacó ayer en el acto de la apertura del curso judicial que la fase de instrucción terminará este 2021, por lo que la Fiscalía podrá formular el escrito de acusación que dé inicio a los trámites para la apertura del juicio. Aunque antes de que se dé inicio a la vista oral habría que esperar también a los pertinentes escritos de las defensas, por lo que la fecha para ver en el banquillo a los presuntos responsables de la degradación de la laguna podría demorarse más de lo previsto. Se les juzgaría por los posibles vertidos que habrían realizado a la laguna entre 2010 y 2014, aunque en otras piezas separadas se investiga los que se cometieron también en el Mar Menor en los años posteriores.
Manzanera calificó la contaminación de la laguna como «el más grave problema medioambiental de esta región, posiblemente de toda su historia, con graves efectos en muchos sectores y con una compleja solución», señalando además hacia el origen de la cuestión como «un cúmulo de acciones y omisiones que se arrastran desde hace más de 40 años, y que debería ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado». El fiscal aprovechó el acto que se celebró en la Ciudad de la Justicia de Murcia para valorar el estado del ecosistema: «Es desolador ver que desde diciembre de 2017, fecha de la presentación de la denuncia por la Fiscalía, que se haya empeorado en su situación medioambiental, con varios episodios de eutrofización y de anoxia con mortandad de flora y fauna». La posible solución del Mar Menor «no se encontrará en la vía judicial», advirtió el fiscal, aunque apuntó a que queda claro cuáles son las causas de esa contaminación.
«A problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas, por muy duras que sean esas decisiones». Delante del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno, José Vélez, habló de la importancia de llevar a los responsables ante los tribunales y aludió a la «necesidad ineludible de entendimiento» entre las administraciones para solucionar el problema de la laguna. «Pongamos en valor la sostenibilidad del sistema y sobre todo del ecosistema», recalcó. También estimó que se puede conseguir por vía judicial que, a instancia de la Fiscalía, «se interese de la Administración competente que exija a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar y reparar e indemnizar, y si se omite esta obligación, el presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia para obligar a actuar, como así es conocido que tristemente ha sucedido esto último».
No obstante, insistió en que este problema «debe tratarse en el ámbito político y administrativo», y consideró que «todo gira fundamentalmente en una necesidad ineludible de coordinación y entendimiento entre las administraciones competentes y con los sectores afectados». «Y las negligentes gestiones en estos temas, por muy nefastas que sean sus consecuencias, difícilmente pueden ser revisadas por el derecho penal», al no estar tipificados los delitos contra la Administración Pública en su modalidad imprudente, tal y como añadió.
Un año de investigación
Díaz Manzanera hizo público en diciembre de 2017 el contenido de una investigación que realizó durante más de un año para esclarecer quiénes fueron los responsables directos de la degradación del Mar Menor. A su juicio entonces, era más de una treintena de personas las que tenían que responder por la contaminación de la laguna salada. A día de hoy están siendo investigados políticos como el consejero de Agricultura con Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá; la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada, así como el ex comisario de Aguas de la CHS Manuel Aldeguer, que estuvieron en el cargo cuando José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España.
