El Gobierno regional no está dispuesto a ejecutar una de las medidas estrella de la coalición de PSOE y Unidas Podemos: la nueva Ley de Vivienda, que, entre otras cosas, incluirá la intervención en los precios máximos del alquiler, en ‘zonas tensionadas’, de las empresas tenedoras de muchas viviendas. Esta legislación afectaría especialmente a Murcia, una de las comunidades con mayor número de grandes tenedores con 11.496 titulares con más de 10 bienes inmuebles urbanos, según la Dirección General del Catastro.

«Es una ley expropiatoria, es una ley intervencionista, es una ley alejada de las políticas liberales del Gobierno regional y por lo tanto vamos a utilizar la ley para no aplicarla», aseguró ayer el presidente autonómico, Fernando López Miras. «Vamos a utilizar cualquier mecanismo a nuestro alcance para que esta ley comunista no se aplique en la Región de Murcia», añadió. «Apostamos por todo lo contrario: por que cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que quiera con su dinero», subrayó desde la feria hortofrutícola Fruit Attraction 2021 en Madrid.

La futura Ley de Vivienda forzará a los grandes propietarios a bajar los alquileres en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos; además de crear un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse.

Una ley que nace condicionada

Serán las comunidades y los municipios los que realmente determinen su implementación. Al tener transferidas las competencias en vivienda, las comunidades son las encargadas de solicitar la existencia de ‘áreas tensionadas’, es decir, de zonas con una considerable presión al alza en los precios de los alquileres. Será en estas áreas, identificadas por las autonomías, donde se podrán aplicar los mecanismos de control de precios que diseña la nueva ley. Por otra parte, los ayuntamientos tienen la competencia en la gestión del IBI, por lo que está en su mano establecer otras de las medidas avanzadas por el Gobierno de España: una recarga del IBI del 150%, según Podemos, para las viviendas vacías.

Esta ley nace, por tanto, condicionada por el bloqueo, ya anunciado, de los ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP.

Según López Miras, «el Gobierno regional y el PP apuestan por la libertad de las personas, por la libre competencia, por la economía de mercado, porque cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que le dé la gana con lo que se ha ganado con el sudor de su frente», detalló.

«Miras es un sátrapa»

La diputada regional del PSOE Consa Martínez tildó de «vergonzoso y preocupante» la actitud de López Miras. Martínez entiende que es «irresponsable» que un gobernante se salte una ley que, además, busca mejorar la vida del millón y medio de ciudadanos de la Región y criticó que usen la misma táctica que con el Mar Menor: mirar hacia otro lado y confrontar con el Gobierno de España.

Por su parte, Podemos acusó al presidente regional de «anteponer los intereses de los especuladores a los de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda». Para el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, es «una vergüenza que López Miras siga intentando comportarse como un sátrapa que cree poder elegir qué leyes cumple y cuáles no en su Comunidad».