El consejero de Agua, Agricultuar y Medio Ambiente, Antonio Luengo, expresó a La Opinión su malestar por «la carta» y por «el tono despectivo y altivo» del escrito que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio ha dirigido a la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez Albaladejo, para recordarle que si la Comunidad quiere dragar Marchamalo, debe solicitarlo presentando un proyecto acompañado de una declaración de impacto medioambiental. 

A juicio de Antonio Luengo,  la comunicación «demuestra que el Gobierno de España, en lugar de colaborar, se mantiene al margen completamente del Mar Menor. El Gobierno de España se lava las manos de cualquier cosa que suceda en el Mar Menor».

Responde a Costas que «la Comunidad Autónoma ya está trabajando en la elaboración del proyecto que pide el Ministerio y tan pronto esté elaborado procederá a enviarlo esperando que sea ejecutado desde el Ministerio». Destaca que durante muchos años esas actuaciones de mantenimiento del canal» han sido ejecutadas por la Administración central y apunta que «cabría preguntarse cómo las ejecutaban y con qué proyectos y autorizaciones y si el Instituto de Oceanografía las informaba».

El consejero también rechaza las recomendaciones del Ministerio para que asuma sus responsabilidades sobre el estado ecológico del Mar Menor. «Es falso que la Comunidad Autónoma sea la competente para gestionar la planificación hidrológica de las aguas costeras de la Demarcación Hidrográfica del Segura, entre las que se encuentra el Mar Menor, y mucho menos las medidas a poner en marcha para lograr y mantener el buen estado de las aguas costeras», contesta Luengo. 

Defiende que tales atribuciones corresponden a la Confederación Hidrográfica y niega igualmente que la Comunidad tenga competencias sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre. Deja claro que, «las obras necesarias para la protección y conservación de las aguas, el lecho y el subsuelo del Mar Menor es de su competencia exclusiva tal y como se contempla en el Art 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas».