La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente hace oídos sordos a las denuncias por roturaciones ilegales que llegan a través de la Dirección General de Medio Natural. Así se recoge en una comunicación interna remitida por el subdirector de Política Forestal, a la que ha tenido acceso La Opinión, en la que se piden «indicaciones» precisas para saber a qué «organo» debe enviarle los expedientes abiertos por los agentes medioambientales cuando detectan la transformación de fincas de secano en regadío, dado que «son rechazados» por las direcciones generales de Agricultura y del Agua.
El alto cargo de la Dirección General de Medio Natural que se ha dirigido a la Consejería para pedir instrucciones sobre los procedimientos a seguir explica que este departamento solo puede dar curso a las actas levantadas por los agentes medioambientales cuando los movimientos de tierras y las roturaciones se producen en terrenos forestales o en zonas con algún tipo de protección ambiental.
En el comunicado interno no se dan cifras concretas sobre el número de expedientes que pueden estar guardados en un cajón sin llegar a ser tramitados, aunque sí se indica que «numerosas denuncias que incluyen transformaciones de secano a regadío son rechazadas» por las direcciones generales de Agricultura y del Agua. Para saber qué hacer, la Subdirección de Política Forestal dice que «se precisa indicación del órgano, departamento o dirección general de la Consejería de Agricultura competente en la materia, al objeto de hacerles llegar dichas denuncias, puesto que la competencia de esta Dirección General lo es en materia de Montes, Vías Pecuarias y Espacios Protegidos».
Como muestra, en el escrito se incluyen tres denuncias, fechadas en septiembre de 2019, julio de 2020 y julio de 2021, respectivamente, lo que deja claro que no se trata de casos aislados, sino de una práctica que se ha venido produciendo al menos en los últimos dos años. Estas tres denuncias concretas fueron interpuestas por agentes medioambientales de la Consejería por las roturaciones en los municipios de Murcia, Lorca y Santomera.
Esta comunicación interna de la Dirección General de Medio Natural se corresponde con la actitud de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ante las roturaciones ilegales en la pugna que la Comunidad Autónoma mantiene con la Confederación Hidrográfica del Segura, a la que responsabiliza totalmente del control de los regadíos ilegales en el Mar Menor. Mientras, el organismo de cuenca dice que la Administración regional es la encargada de exigir a los propietarios la restitución de los terrenos para devolverlos a su estado original.
La Consejería de Agricultura asegura que está tramitando los expedientes que le ha remitido la Confederación Hidrográfica, pero deja claro que es el organismo de cuenca el encargado de cortar el suministro a los regadíos no autorizados.
En la denuncia por roturación de terrenos de secano en el municipio de Lorca incluida en la comunicación interna de Medio Natural, se indica que los movimientos de tierras para la transformación de secano en regadío abarcan una superficie de 390.180 metros cuadrados, además de la construcción de un embalse de riego.
En el caso de Murcia se habla de una superficie roturada de 6,44 hectáreas en El Valle, en la que también se ha construido una balsa de riego.
En Santomera la transformación en regadío afecta a terrenos considerados hábitat del búho real, águila real, chotacabras y alcaraván, entre otras especies.
Ecologistas en Acción explicó a preguntas de esta redacción que la Dirección de Medio Natural no puede sancionar a los propietarios de estos terrenos roturados, «porque no puede aplicar la Ley de Montes», por lo que tiene que remitir a otros departamentos de la Consejería un número de denuncias que podría ascender a decenas.
Calcula que los regadíos ilegales siguen ampliando su superficie en la Región en unas 5.000 o 10.000 hectáreas anuales, parte de las cuales quedan dentro de la cuenca que vierte al Mar Menor y contribuyen a alimentar los vertidos de nitratos y fosfatos que causan la contaminación de la laguna salada.
Fuentes de la organización ecologista destacaron estas ampliaciones se están produciendo en las zonas alejadas de la costa, en pedanías de Murcia como Sucina o en el término municipal de Fuente Álamo, por lo que no se aprecian de forma tan visible.
«Mientras no se tome en serio, seguirá pasando», aseguran desde Ecologistas en Acción, aunque apuntaron que no solo se producen roturaciones para crear nuevas plantaciones, sino también en «el perímetro de las zonas regables», que también se va ensanchando. «En las bases de datos se incluyen cabezos o zonas que no son regables para conseguir derechos de agua y también para acceder a las subvenciones de la PAC», señalaron.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente considera que la comunicación interna de Medio Natural «lo único que hace es reiterar una remisión de las actas al órgano competente», al tiempo que sostiene que «siempre se les da trámite·. «Tramita las que le corresponden por sus competencias o las manda a otras direcciones generales», señalaron fuentes del Departamento de Antonio Luengo.
Destacaron igualmente que «no se puede que dar por seguro» que cualquier movimiento de tierras que se detecta «tiene que ser una roturación ilegal» hasta que lo indiquen los servicios jurídicos.
