Los 3.500 trabajadores de la Región que siguen en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) podrán mantener la protección que les ofrece esta figura legal hasta el 31 de enero de 2022. El Gobierno central planteó ayer a las empresas que quieran continuar con ERTE asociado a la pandemia más allá del 30 de septiembre que deberán formar a los trabajadores que tienen protegidos, según explicaron los agentes sociales.

Los ministerios de Trabajo y de Inclusión se reunieron ayer por la tarde con los representantes de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme para avanzar en la prórroga de los ERTE, con la propuesta encima de la mesa de ampliar hasta el 31 de enero todos los tipos de ERTE.

Durante los primeros meses de la pandemia la Región llegó a alcanzar casi los 90.000 trabajadores en ERTE, pero la cifra de asalariados con los contratos suspendidos ha ido reduciéndose a medida que se recuperaba la actividad empresarial.

En toda España quedaban a 15 de septiembre 253.969 trabajadores en ERTE de los que unos 100.000 están en sectores ultraprotegidos (comercio, hostelería, turismo y transporte), unos 55.000 en un ERTE de impedimento o limitación (también hostelería y comercio) y algo menos de 100.0000 no tienen exoneraciones ni están concentrados en ningún sector en particular.

Fuentes de UGT explicaron que la propuesta plantea vincular el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE.

Desde la CEOE explicaron que este nuevo mecanismo «teóricamente pretende ayudar a las empresas pero, entre otras cosas, vincula las exoneraciones a una formación cuyo sistema se ha demostrado ineficaz».

Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, dice el sindicato, quien reconoce que esta modificación ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación.

En esta ocasión, la prórroga no se producirá de manera automática sino que las empresas deberán presentar ante los servicios públicos de empleo una solicitud expresa antes del 10 de octubre.

Dicha solicitud, que deberá ir acompañada de la petición de la prestación por desempleo para los trabajadores afectados, deberá ser resuelta en un plazo de diez días y, en caso de no resolución, se entenderá desestimada.

Respecto al grado de exoneración previsto, UGT explicó que la propuesta plantea una total (del 100%) para los ERTE de impedimento, mientras que para los de limitación sería del 50% para las empresas de menos de 50 trabajadores y para las de más, del 40%.