El Pleno de ayer en la Asamblea Regional estuvo centrado, mayoritariamente, en la crisis medioambiental que atraviesa la laguna, y dejó patente, una vez más, la enconada división entre los grupos que sostienen al Gobierno regional y la oposición por las causas y, sobre todo, por las soluciones al problema.

La diputada socialista, Carmina Fernández, acusó al Ejecutivo autonómico de representar una «obra de teatro» en la rambla del Albujón y de «mentir» en los datos, ya que asegura que son 5 millones de litros de agua los que entran al día al Mar Menor por esta vía, no 30 millones como afirman desde la Comunidad. Además, señaló que es «la agricultura intensiva sin control» que el Gobierno regional «ha permitido» la causa del estado de la laguna.

Por su parte, el diputado socialista, Manuel Sevilla, explicó que el Gobierno regional solo pretende que «todo siga igual, y no eliminar los regadíos ilegales». Sevilla centró su atención en el artículo 33 del Decreto-Ley donde queda claro, en su opinión, que la competencia para eliminar las 8.500 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca vertiente al Menor es de la Comunidad. Además, consideró «inútil» reducir los plazos de tramitación de expedientes, «porque se terminarán judicializando y se eternizarán los procedimientos». Tampoco cree Sevilla que nada vaya a solucionarse permitiendo los abonos orgánicos, «que también contienen nitratos; nosotros proponemos que se prohiba cualquier tipo de fertilizante y que solo se permitan cultivos de secano en la zona 1», tras la indemnización a los agricultores con ayudas públicas.

Por otra parte, el diputado del PSOE cargó contra el consejero por no hacer cumplir la Ley del Mar Menor desde hace más de un año. «No restituye los regadíos ilegales, la CHS le ha remitido 103 expedientes y sólo ha ordenado la restitución de 930 hectáreas», reveló Sevilla.

Manuel Sevilla lamentó el rechazo en Junta de Portavoces a la modificación que propuso el PSOE, y con la cual «se podría actuar de oficio y de inmediato en los cultivos expedientados».

Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, advirtió que el Gobierno regional «llega tarde y mal» y está aportando medidas que solo benefician a la industria agroalimentaria. «El decreto aprobado es una amnistía encubierta al regadío ilegal», aseguró la diputada, que entiende que el Gobierno regional propone premiar a los que han hecho las cosas mal». El Plan Vertido Cero «supone una barra libre para el agronegocio» porque se financiará con dinero público «las infraestructuras para eliminar la contaminación generada por el sector», explicó.

Los dos diputados fieles a Cs, hoy en el Grupo Mixto, se posicionaron «radicalmente en contra de las intenciones del PP, que pretende blanquear vertidos y eludir sus responsabilidades», afirmó la diputada Ana Martínez Vidal.

Por su parte, el diputado leal de Vox, Pascual Salvador, explicó que «esta modificación despenaliza los vertidos accidentales de las redes de saneamientos municipales al Mar Menor, reconociendo su incapacidad para evitarlos y por ello es cómplice de los vertidos de los alcantarillados de los Ayuntamientos donde gobiernan PP o PSOE».