El debate en el Pleno de la Asamblea Regional debía circunscribirse, principalmente, a la convalidación del Decreto-Ley que prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados en la zona más próxima al Mar Menor y a la aprobación de la Proposición de Ley del Grupo Popular y los diputados afines al Gobierno y expulsados de Vox y Cs que pretende endurecer la normativa sobre los vertidos a la laguna salada, pero, como era previsible, se extendió a los orígenes y al papel que juega cada una de las administraciones públicas en la lucha por revertir el mal estado del Mar Menor.

La modificación fue aprobada como estaba previsto, y con ella, según el Gobierno regional, se incrementa la protección del Mar Menor con medidas para reducir la lixiviación de nutrientes que puedan acabar en este ecosistema.

El consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, recordó en su intervención la principal novedad que estrena la Ley: La prohibición durante dos años de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor, que abarca 11.000 hectáreas, de manera que se reduzca todo lo posible el vertido mediante arrastres tras episodios de grandes lluvias. El incumplimiento de esta nueva limitación será considerado, a partir de ahora, una infracción, con sanciones que pueden llegar a los 50.000 euros. Luengo consideró esta medida como «la más relevante», pero no es la única. En la modificación se incluye también la reducción a la mitad de todos los plazos administrativos en la tramitación de los expedientes sancionadores en el ámbito del Mar Menor. En este punto, Luengo informó que el Gobierno regional está tramitando todos los expedientes que llegan a su poder, enviados por la CHS, con el objetivo de restituir los regadíos ilegales a su estado original, pero eso, aclaró Luengo, no significa que la Comunidad «les corte el agua y les sancione por su ilegalidad, eso lo tiene que hacer la Confederación, sino que solo puede culminar el proceso de restitución, que además sólo podemos hacer en el ámbito del Mar Menor y por la inacción del Gobierno central».

Antonio Luengo sostuvo que era vital la aprobación del Decreto-Ley para evitar el empeoramiento del Mar Menor ante la posibilidad de nuevas DANA en la Región.

Tras agotar el primer punto del día, el Pleno también debatió y aprobó la Proposición de Ley presentada por PP para modificar la ley de recuperación y protección de la laguna salada. Esta nueva legislación busca endurecer la normativa de los vertidos, tanto de aguas freáticas como pluviales. La tramitación de la iniciativa se realizó por lectura única, lo que impidió a los grupos parlamentarios presentar enmiendas. Esta modificación, al igual que la primera, no contó con los apoyos de PSOE ni de Podemos, así como de los diputados de Vox y Cs que permanecen leales a sus partidos.

El Grupo Popular explicó que esta modificación de la ley pivota en seguir reclamando la ejecución del Plan Vertido Cero. Francisco Álvarez, portavoz de los diputados tránsfugas de Cs, reiteró la necesidad de ponerlo en marcha. «Hay que seguir manteniendo una vigilancia extrema en los vertidos», afirmó.

Regadío ilegal

A lo largo de la sesión plenaria, tanto el Grupo Popular como los diputados expulsados de los partidos Cs y Vox criticaron la inacción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para acabar con el regadío ilegal. El diputado expulsado de Vox, Juan José Liarte, aseguró que el decreto presentado ayer «no va de castigar a nadie», sino de limitar el uso de determinados fertilizantes, a lo que añadió que en la propuesta planteada por el PSOE (y rechazada en Junta e Portavoces) se pretendía eliminar la intervención de la CHS, «y con ello su responsabilidad».

202 expedientes

Durante el Pleno, el consejero Luengo también respondió a dos preguntas sobre los incumplimientos de la ley de recuperación del Mar Menor en explotaciones agrícolas en 2020 y las medidas para retirar los fangos de la laguna. Luengo respondió que se han abierto 202 expedientes de sanción, que actualmente están en fase de tramitación.

El consejero informó que en total se han abierto ya 529 expedientes de inspección, 2165 expedientes de declaración responsable y se han llevado a cabo 130 inspecciones ordinarias en explotaciones agrícolas y 392 inspecciones extraordinarias, siendo la superficie inspeccionada de 10.244 hectáreas, detalló.

Sobre la retirada de fangos, el consejero indicó que la actitud del Ministerio en este sentido «deja mucho que desear», ya que es quien debe, apuntó, llevar a cabo esa retirada. «Nosotros vamos a seguir con trámites como la contratación de la redacción del proyecto y la evaluación del impacto ambiental para retirar los fangos y lodos», añadió.