El ejercicio de la transparencia en la Administración pública puede expresarse de muy diversas maneras. Una de ellas es cumplir con las peticiones de información que demanda la oposición política. No es raro que, cada cierto tiempo, un partido político lamente públicamente que el Gobierno de turno le ignora, que se mantenga mudo, durante meses, ante las innumerables solicitudes de información que se realizan en sesión plenaria, pero sí es llamativo el nivel de intensidad que este lamento ha alcanzado en las últimas semanas, y el curioso intercambio de papeles entre PP y PSOE, según quién gobierne o haga oposición.

En la Asamblea, el PSOE denuncia una situación de «desamparo absoluto» ante el Gobierno de López Miras. Sólo sobre asuntos relacionados con el Mar Menor, los socialistas aseguran que acumulan 65 solicitudes de información que no han sido atendidas por la Comunidad tras cumplirse el preceptivo tiempo que marca el Reglamento de la Cámara, desde que esas iniciativas fueron registradas y admitidas a trámite.

Entre las decenas de peticiones de información sobre el Mar Menor, destaca la información sobre el número de trabajadores públicos con funciones de inspección para garantizar las buenas prácticas agrícolas, el presupuesto ejecutado de la ITI del Mar Menor, o el número de explotaciones agrícolas ilegales denunciadas ante la Consejería de Medio Ambiente.

Para el vicesecretario general del PSRM y diputado regional, Francisco Lucas Ayala, «López Miras y los diputados tránsfugas tienen secuestrada la Asamblea Regional. Y así es imposible que se pueda hacer un control de su gestión y de las medidas que toman».

Ayala informa de que a las 65 preguntas sobre el Mar Menor habría que sumar «otras cuestiones que hemos hecho al Gobierno regional, por lo que la cuenta asciende a 500 preguntas sin contestar», asegura. Según el vicesecretario socialista, es evidente que se trata de una forma de gobernar intencionada y estructurada. «Prefieren la oscuridad porque así pueden seguir con sus redes clientelares sin que nadie les pueda poner los puntos sobre las íes; en definitiva, esta es la dinámica del PP durante 26 años: mentir, gobernar para unos pocos y no dar cuentas de las medidas que toman», sentencia.

El Grupo Socialista llegó incluso a solicitar por escrito el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, su mediación para reclamar las respuestas. Este solicitud de amparo se registró el pasado 11 de mayo; «desde entonces, no sabemos nada, por lo que el señor Castillo también se está saltando la legalidad al no instar al Gobierno regional a que las conteste», indican fuentes socialistas. Sin embargo, esta Redacción se ha puesto en contacto con el presidente de la Asamblea y éste aclara que sí dio amparo a cada una de estas solicitudes «en menos de 24 horas». Acto seguido, hizo llegar a LA OPINIÓN los documentos que atestiguan que firmó el amparo e instó al Gobierno regional a cumplir los plazos y dar respuesta a los requerimientos del PSOE. «Otra cosa es lo que haga o deje de hacer San Esteban a partir de aquí», añadió el presidente.

En el Ayuntamiento de Murcia es el PP quien denuncia el desamparo, y hace unos días anunció que llevará a los tribunales al Gobierno local por «no contestar al 70% de las preguntas realizadas sobre la gestión del municipio», informaron fuentes de este partido. Según el PP, de las 169 preguntas formuladas, PSOE y Cs sólo habrían atendido 49, el 29 por ciento. «Se trata de defender el derecho a la información de los murcianos contra la opacidad y el autoritarismo del alcalde Serrano», reclamaron los ediles Mercedes Bernabé y Felipe Coello.