El debate en el Pleno de la Asamblea Regional debía circunscribirse, principalmente, a la convalidación del decreto ley que prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados en la zona más próxima al Mar Menor y a la aprobación de la Proposición de Ley de PP y los diputados afines expulsados de sus partidos que pretende endurecer la normativa sobre los vertidos a la laguna salada, pero por supuesto, se extendió a los orígenes y al papel de las administraciones públicas para revertir el mal estado del Mar Menor.
La modificación fue aprobada como estaba previsto, y con esta modificación, según el Gobierno regional, se incrementa la protección del Mar Menor con medidas para reducir la lixiviación de nutrientes que puedan acabar en este ecosistema. El consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, recordó que la modificación incluye la prohibición a dos años de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor, que abarca 11.000 hectáreas, de manera que se reduzca todo lo posible los vertidos mediante arrastres que se producen durante los episodios de grandes lluvias. El incumplimiento de esta nueva limitación será considerado, a partir de ahora, una infracción, con sanciones que pueden llegar a los 50.000 euros. Luengo consideró esta medida como “la más relevante”, pero no es la única.
En la modificación se incluye también la reducción en un 50 por ciento de los plazos administrativos en la tramitación de los expedientes sancionadores en el ámbito del Mar Menor. En este punto, Luengo informó que el Gobierno regional está tramitando todos los expedientes que llegan a su poder, enviados por la CHS, con el objetivo de restituir los regadíos ilegales a su estado original, pero “devolver el terreno al estado anterior al uso del agua sin derechos”, señaló Luengo, no significa que la Comunidad “les corte el agua y les sancione por su ilegalidad, eso lo hace la Confederación, sino que solo puede culminar el proceso de restitución, que además sólo podemos hacer en el ámbito del Mar Menor y por la inacción del Gobierno central”.
Antonio Luengo sostuvo que era vital la aprobación del decreto-ley para evitar el empeoramiento del Mar Menor con motivo de las próximas lluvias.
PSOE y Podemos votan en contra
PSOE y Podemos votaron en contra de las propuestas a debatir, también los diputados respaldados por Vox y Cs. El diputado regional socialista, Manuel Sevilla, explicó que el Gobierno regional sólo pretende que “todo siga igual, y no eliminar los regadíos ilegales”. Sevilla centro su atención en el artículo 33 del decreto-ley donde queda claro, en su opinión, que la competencia para eliminar las 8.500 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca vertiente al Menor es de la Comunidad. Por otra parte, consideró “inútil” reducir los plazos de tramitación de expedientes, “porque se terminarán judicializando y se eternizarán los procedimientos”. Tampoco cree Sevilla que nada vaya a solucionarse permitiendo los abonos orgánicos, “que también contienen nitratos; nosotros proponemos que se prohíba cualquier tipo de fertilizante y que solo se permitan cultivos de secano en la zona 1”, tras la indemnización a los agricultores con ayudas públicas.
Por otra parte, el diputado del PSOE cargó contra el consejero por no hacer cumplir la Ley del Mar Menor desde hace más de un año. “No restituye los regadíos ilegales, la CHS le ha remitido 103 expedientes y sólo ha ordenado la restitución de 930 hectáreas”, enumeró Sevilla.
Manuel Sevilla lamentó el rechazo en Junta de Portavoces a la modificación que propuso el PSOE, y con la cual “se podría actuar de oficio y de inmediato en los cultivos expedientados”.
Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, ha advertido de que el Gobierno regional "llega tarde y mal" y está aportando medidas que solo benefician a la industria agroalimentaria. "El Gobierno regional propone premiar a los que han hecho las cosas mal", ha incidido.
Por el contrario, PP y los diputados expulsados de los partidos Cs y Vox han criticado la inacción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para acabar con el regadío ilegal. El diputado expulsado de Vox, Juan José Liarte, ha dicho que el decreto "no va de castigar a nadie", sino de limitar el uso de determinados fertilizantes, a lo que ha añadido que en la propuesta planteada por el PSOE en la Cámara se eliminaba la intervención de la CHS.
Tras el primer debate, el Pleno ha aprobado la proposición de ley presentada por PP para modificar la ley de recuperación y protección de la laguna salada. Esta norma busca endurecer la normativa de los vertidos tanto de aguas freáticas como pluviales. La tramitación de la iniciativa ha sido por el modo de lectura única, lo que ha impedido a los grupos parlamentarios presentar enmiendas. La modificación tampoco ha contado con los apoyos de PSOE ni de Podemos.
La proposición de ley modifica artículos basados en la prohibición de vertidos al Mar Menor, de vertidos de aguas pluviales y de aguas freáticas y vertido fortuito de las infraestructuras de recogida de aguas para evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor.
La diputada socialista Carmina Fernández, entiende que la norma pretende que el Gobierno nacional ponga en marcha el Plan Vertido Cero que "está desfasado". La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha reiterado que la norma no sirve para actuar en el origen del problema.
Jesús Cano, del PP, consideró paradójico que el Gobierno nacional "aún no haya movido ni un dedo por la recuperación del Mar Menor. De las propuestas planteadas a la ministra solo hemos sabido que nos van a decir que no".
