Tuvieron que dejar Los Mateos (Cartagena) y refugiarse a finales de febrero en una vivienda en Cuevas de Reyllo, al noroeste de Fuente Álamo. La familia Hernández-Núñez lo hizo empujada por la necesidad y la urgencia, a través de uno de esos intermediarios que trafican con pisos vacíos y que les alquiló la vivienda por 600 euros. Entraron a vivir sin mirar atrás, conscientes de que era ilegal, pero con una carga familiar especialmente vulnerable que los obligaba a hacerlo: una hija en sillas de ruedas, Rocío de 24 años, con un 85% de parálisis cerebral y un hijo de 7 años con un 33% de discapacidad intelectual y un historial de Trastorno de la Atención y episodios psicóticos. A ellos, se suman al núcleo familiar otro hijo, su mujer, y un nieto que cumplirá pronto los 3 años. «Sé que no es correcto lo que estamos haciendo pero soy madre y con la niña (Rocío) como la tengo, mi deber es protegerla; lo único que quiero es una vivienda digna para mi hija, ella es lo primero; no puede estar en la calle, sería un suicidio, ella necesita su medicación, tiene 24 años pero es como un bebé, no habla, no anda, necesita atención las 24h, por eso estamos desesperados», señala emocionada la madre, Micaela Núñez.

Poco después de que habitaran la casa, la entidad bancaria propietaria puso la denuncia por usurpación. Durante el juicio, la familia reconoció los hechos «y argumentó que no les quedó otra opción, porque no podían dejar a la joven en silla de ruedas en la calle», explica el abogado que representa en turno de oficio los intereses de esta familia, Carlos Gil, que señala que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena marcó el 15 de septiembre, como fecha para el desalojo.

El Ayuntamiento conoce a la familia desde el año 2013

El Ayuntamiento de Cartagena conoce el caso de esta familia desde el año 2013. Servicios Sociales asegura que hoy no tienen viviendas adaptadas, pero que existen muchas soluciones viables, como el alquiler sufragado con ayudas públicas. «Nadie se queda en la calle», afirman fuentes municipales, pero «se tienen que dejar ayudar». Si no se les ha ofrecido antes una vivienda adaptada es porque dejaron de solicitarla en 2019, explican. «Los conocemos bien, ella, Micaela, es una luchadora, y seguro que podemos encontrar una salida a su situación», señala una de las responsables del servicio de Vivienda.

El letrado recuerda que el pasado 4 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó mediante real decreto, la prórroga de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad hasta el 31 de octubre, pero la jueza entiende que no se aplica a las sentencias anteriores.

Cabe reseñar que ningún miembro del núcleo familiar trabaja en este momento y que todos ellos malviven con la pensión de la joven discapacitada, 500 euros al mes. José, el padre de la familia, busca empleo como albañil.

El 1 de septiembre, el abogado presentó un escrito en los juzgados en el que se hacía eco del real decreto que amplía la suspensión del desalojo, pero «todavía no he recibido una respuesta». A falta solo de cinco días para que se efectúe el desahucio, Gil cree que «no hay tiempo material para una respuesta ordinaria». Es vital que la jueza responda para, si no le dan la razón, ganar tiempo y poder presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, «que vamos a ganar seguro, porque entiendo que se están vulnerando derechos fundamentales». Gil recuerda que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de velar y proteger a las personas con discapacidad, algo que viene ya en una instrucción, la 4/2008.

Aclara el abogado que la familia no está pidiendo quedarse, sino salir el 31 de octubre, como marca el nuevo decreto. La familia Hernández-Núñez presentó en el año 2010 una solicitud a los Ayuntamientos de Cartagena y Fuente Álamo para acceder a una vivienda social adaptada, ya que vivían en aquel entonces en una casa alegal en Los Mateos, «Llevan 11 años esperando, sin que nadie les haya facilitado una vivienda adaptada; uno de los responsables municipales de este proceso me llegó a decir que a esta familia se le pasó sellar una de las prórrogas para mantenerse en la lista de espera y que por eso la desestimó». Poco después de presentarse el abogado, el Ayuntamiento de Cartagena ofreció a la familia, con una de las hijas en silla de ruedas y un 85 por ciento de parálisis, un tercer piso sin ascensor, según el abogado. «Si es una broma, me parece de muy mal gusto», comenta indignado.