El Delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, ha destacado "las nuevas oportunidades de acceso a un empleo de calidad que se abren para los jóvenes murcianos", tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.
"El 50% de las oportunidades de empleo en el año 2025 estarán reservadas para personas con cualificación intermedia, es decir, técnicos y técnicos superiores de formación profesional, por lo que el Gobierno de España asumió el impulso y modernización de la FP como un proyecto estratégico que reducirá considerablemente el desempleo juvenil y multiplicará las oportunidades de acceso a un empleo de calidad de los jóvenes murcianos", ha explicado Vélez.
En este sentido, el delegado ha destacado los 39,3 millones de euros que el Ejecutivo central ha destinado en los últimos meses a diversos proyectos estratégicos de impulso y modernización de la FP en la Región de Murcia.
Ley "ambiciosa y consensuada"
"Es una ley ambiciosa, consensuada con las Comunidades Autónomas, organismos e instituciones, asociaciones y agentes sociales y todos los actores con interés legítimo en la Formación Profesional, que consolida un sistema único e integrado y, al mismo tiempo, permite a cada territorio adaptar la Formación Profesional a las características de su mercado laboral y realidad productiva", ha añadido Vélez, que también ha destacado la creación de 4.200 nuevas plazas entre 2020 y 2021.
La futura ley cuenta con un impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros durante su implantación en cuatro años.
Carácter dual
El proyecto de Ley de Formación Profesional contempla que la oferta de los Grados C y D incluirá un periodo de formación en la empresa bajo dos regímenes: Formación Profesional general y Formación Profesional intensiva.
La primera contempla un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo. La segunda una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.
La norma potencia la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno, que trabajarán de manera conjunta en los aprendizajes del currículo.
El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de Formación Profesional.
Acreditación de competencias
El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente e iniciado el pasado marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021.
Con este nuevo sistema, el MEFP prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, frente al anterior modelo, con el que lo consiguieron "tan solo 300.000".
Además, la nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos.
El texto recoge el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
