La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia ha entrado en vigor este lunes, una vez transcurrido un mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha dado cuenta de la constitución de un equipo impulsor de esta nueva ley con el objetivo de designar tareas, supervisar y cumplir los plazos establecidos. Esta actuación "se suma a otras ya puestas en marcha, con las que se avanzará en la planificación, calidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema se servicios sociales", ha agregado Franco.
El grupo impulsor estará formado por los distintos órganos directivos de la Consejería y su finalidad será elaborar el Plan Estratégico "a largo plazo" de la nueva norma, que cuenta con cuatro años para su implementación completa, "a fin de dar un servicio de calidad que se adapte a los nuevos entornos y poder asumir de manera satisfactoria los retos que se puedan presentar en el futuro".
La titular de Política Social ha destacado la importancia de esta ley "especialmente por el momento en el que vivimos, donde se requiere más que nunca respuestas a los problemas de las familias, personas, grupos y colectivos, algunos de ellos nuevos".
Por ello, ha llamado a todos a "potenciar el trabajo preventivo, integrador y comunitario, así como el reconocimiento del derecho subjetivo de la personas para el acceso a las prestaciones garantizadas".
En concreto, el Plan Estratégico tendrá dos componentes: por un lado, servir como herramienta de planificación para concretar objetivos y acciones en un periodo determinado, y, por otro lado, convertirse en el elemento que ayude a alcanzar el bienestar de los que más lo necesitan, siempre con la contribución de las administraciones, organizaciones, entidades sociales, profesionales y la ciudadanía, entre otros.
Está prevista la convocatoria durante este mes de la comisión de seguimiento de las líneas estratégicas de acción social, lo que supone "un paso más" para impulsar el Plan Regional de Servicios Sociales.
La nueva ley
Según ha señalado la consejera, la nueva ley unifica el catálogo de prestaciones en los 45 municipios y reconoce el derecho subjetivo de los ciudadanos al acceso a los servicios sociales. Así, se recogen prestaciones como la renta básica de inserción y las ayudas a víctimas de violencia de género, a atención temprana y a los servicios de autonomía y atención a la dependencia, entre otros.
El desarrollo de unas prestaciones garantizadas supondrá un cambio de la estructura de atención de los Servicios Sociales de Atención Primaria, ya que prevé organizar este sistema a partir de una definición de la estructura territorial basada en áreas, zonas básicas y unidades básicas.
Para ello, la nueva ley garantizará la coordinación entre la Administración regional y las entidades locales mediante la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.
Asimismo, la norma avanzará en la digitalización de los servicios sociales para favorecer la continuidad asistencial de los servicios públicos que se prestan, con la puesta en marcha de la Tarjeta Social y la Historia Social Única, y favorecerá el programa individual de atención social, el sistema de información de Servicios Sociales y la tarjeta de información social, que permite un acceso universal a los servicios y prestaciones que se definen en la ley.
