El Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas al Gobierno regional por las anomalías en los contratos y adjudicaciones de la Comunidad en los años 2016 y 2017. La mayor parte de las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador de las instituciones públicas corresponde al Servicio Murciano de Salud (SMS), al que tacha de manirroto por no valorar suficientemente las rebaja en el precio de las ofertas en sus convocatorias, aunque también critica la actuación de otras consejerías, a las que les reprocha especialmente el descontrol en el cumplimiento de los plazos de ejecución y de las obligaciones recogidas en los contratos.
Así se recoge en una resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, compuesta por diputados del Congreso y senadores, que asume los informes elaborados por el órgano de fiscalización de los contratos de las comunidades de 2016 y 2017 y establece las recomendaciones a seguir por los gobiernos regionales.
En este informe se reprocha al SMS que ignore «el principio de economía en la gestión de los fondos públicos» y dé una nota insuficiente a los presupuestos de los postores, dado que «las puntuaciones asignadas a la valoración de los precios de las ofertas no superaron el 50%» en obras como la del hospital Oncohematológico del Morales Meseguer de Murcia.
También detecta el mismo problema en obras de reparación del edificio del Hospital Reina Sofía y en la reforma del antiguo hospital de Lorca Santa Rosa de Lima.
Señala igualmente esta falta de ponderación en la adjudicación de un centro de menores, en la que «a la oferta económica solo se el otorgan 30 puntos de un total de 100», mientras que en el caso de la ampliación del instituto Sanje de Alcantarilla esta valoración se reduce a 40 puntos.
En la compra de medicamentos echa en falta que «no se establezca ningún tipo de valoración para cada uno de ellos», de acuerdo con «los principios de publicidad y transparencia», con el fin de que puedan ser conocidos por las empresas interesadas en las licitaciones, a fin de que puedan prepararse su ofertas en coherencia con los requisitos y las necesidades reales de las administraciones contratantes».
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ve «inútil» la puntuación que la Comunidad da al adelanto de los plazos en las obras. Cita el caso del parque de bomberos de Lorca, en el que se primó con 30 puntos a la adjudicataria por entregar el edificio seis meses antes, pero al acabar el plazo que ofrecía solicitó más dinero y más tiempo para ejecutarla. También cita las obras en las carreteras sobre la rambla de Viznaga, en las que se puntuó el adelanto, aunque la fecha de inicio dependía de una obra de la CHS y se retrasó.
Rechaza las justificaciones a la externalización de servicios públicos
El Tribunal de Cuentas tampoco comparte los criterios seguidos por la Comunidad para justificar la privatización de servicios como la limpieza de inmuebles y otras dependencias de la Administración regional y le reprocha su falta de previsión, puesto que las necesidades que aduce no son nuevas. Entre los contratos cuya privatización pone en duda figura el del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para pacientes del hospital de la Arrixaca, porque la única explicación ofrecida es la extinción en cuestión de semanas del contrato anterior, «después de diez años», y « la imposibilidad de atender a los pacientes con medios propios». El Tribunal considera que «no se fundamenta la imposibilidad de atender a los pacientes» sin recurrir a la externalización.
El ahorro es el argumento al que recurre la Comunidad para justificar que se encargue a una empresa externa la limpieza del Reina Sofía de Murcia aduciendo que «si la prestación fuera realizada con medios propios, supondría un mayor coste, con dificultades para su justificación».
También reprocha al Servicio Murciano de Salud que se utilice la misma fórmula a modo de plantilla para justificar todas las compras de medicamentos exclusivos de ciertos laboratorios.
El Gobierno dice que «cumple las recomendaciones»
La Consejería de Hacienda asegura que los órganos de la Comunidad «están en un proceso de mejora continua, atentos a los mensajes que nos llegan de los empleados públicos, de los ciudadanos y, por supuesto, del Tribunal de Cuentas». Destaca que este órgano de fiscalización también revela en su informe que la Región ha realizado notables avances hasta en el 70% de las recomendaciones del anterior». Entre ellas resalta «la incorporación a los pliegos de procedimientos de control a los contratistas».
