El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ayer inició una visita de dos días a la Región, acusó a las compañías eléctricas de «estafar» a los consumidores con la subida del recibo de la luz y de llevarse «unos beneficios inaceptables» con la factura que están haciendo pagar a los ciudadanos. Álvarez, que se reunió en el Palacio de San Esteban con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y por la tarde intervino en un acto en el Mar Menor, reclamó al Ejecutivo central que aplique la subida del salario mínimo interprofesional y amenazó con abandonar las mesas de negociación en las que participa el sindicato si no se atienden sus reivindicaciones. «No podemos seguir negociando hasta el infinito», advirtió.

El líder de UGT recordó que los trabajadores a los que el Ejecutivo está privando de una subida de 25 euros al mes son los que se están viendo más castigados por la subida del recibo de la luz. «Le hemos pedido al Gobierno que amplíe el bono social para dar cobertura a más colectivos», explicó en una rueda de prensa celebrada en el palacio de San Esteban.

Destacó que «cuando la energía es más barata de producir resulta más cara» para los consumidores y propuso dejar de renovar las concesiones que tienen las compañías para explotar las instalaciones hidroeléctricas de los ríos y los embalses y aprovechar las posibilidades que ofrece la empresa Hunosa. Esta compañía ha propuesto formar parte de iniciativa que se ha planteado el Gobierno como alternativa a los excesos del mercado eléctrico.

«Estamos asistiendo a una verdadera estafa de las compañías eléctricas en nuestro país. Hay quien se está llevando unos beneficios inaceptables, que afectan a personas con dificultades» para pagar la factura eléctrica, aseguró Álvarez.

«25 euros al mes no son dificultades para las empresas»

El líder de UGT, Pepe Álvarez, quien ayer defendió en Murcia la revisión del salario mínimo interprofesional, que en está en 950 euros mensuales, consideró que «una subida de 25 euros al mes no supone ninguna dificultad seria para la viabilidad de las empresas».   A su juicio, la repercusión del incremento salarial tiene un efecto positivo en la economía, porque la subida se traduce de forma inmediata en un mayor consumo. Esta mayor capacidad adquisitiva, a su vez, permite fomentar el empleo, según sus estimaciones. «Estamos hablando de una subida que es a todas luces es necesaria para la reactivación económica», dijo.

El máximo responsable de UGT dio un ultimátum al Gobierno para que acepte ya la subida del salario mínimo interprofesional. No podemos poner una sonrisa mientras no se mejora la vida de los trabajadores. No podemos estar negociando hasta el infinito. No estamos pidiendo algo que no esté reflejado en los acuerdos», advirtió, al tiempo que recordó que el compromiso alcanzado era llegar a los 1.060 euros de salario al final de la legislatura, en 2023.

«La paciencia del sindicato se ha agotado» alertó. Álvarez dejó claro que si antes de que finalice septiembre, cuando tendrá lugar el comité confederal de la UGT, no hay una respuesta favorable del Gobierno, entonces «que no cuenten con nosotros en otras mesas de diálogo. Empezamos a estar hartos de declaraciones en las que parece que deciden todo ellos solos, que son autosuficientes», afirmó. Criticó la «prepotencia» del Gobierno a la hora de decir qué cosas se pueden o no pueden negociar o plantear y defendió que la subida del salario mínimo estaba en el programa no solo del PSOE, sino también de Unidas Podemos.

«Retirarnos de la mesa de negociación será el primer paso, pero habrá más medidas si el Gobierno no responde», aseguró.