El concurso convocado por la Consejería de Hacienda para adjudicar el nuevo contrato de La 7 vuelve a estar en peligro a causa de una irregularidad que puede tener graves consecuencias en el proceso iniciado hace ya un año y medio. Uno de los tres expertos encargados de puntuar las ofertas presentadas por las cinco empresas que aspiran a gestionar la televisión autonómica ha presentado su informe con la valoración de las propuestas de los postores a través del Registro oficial de la Comunidad, lo que equivale a hacer pública su puntuación, cuando se trata de un procedimiento que debe guardar un absoluto secreto. Los servicios jurídicos están estudiando el alcance del error, que incluso podría obligar a reiniciar el concurso.

Fuentes de la Consejería de Luis Alberto Marín, responsable de la licitación de un contrato de 77,5 millones de euros, eludieron hacer cualquier valoración sobre el nuevo conflicto legal que debe afrontar este Departamento. Un portavoz de Hacienda se limitó a responder que «la Mesa de Contratación valorará la situación».

De momento, la Mesa encargada de estudiar las ofertas de las cinco empresas y decidir quién se lleva el contrato de 15,5 millones anuales no tiene fecha de convocatoria, lo que obligará a las cinco postores a esperar para saber qué solución jurídica cabe adoptar después de que uno de los expertos encargados de estudiar las propuestas presentara su valoración a través del Registro, vulnerando el secreto obligado.

Las fuentes de Hacienda apuntaron que la Mesa de Contratación, «debido al periodo estival, se reunirá durante las próximas semanas. Es difícil concretar una fecha, puesto que al ser personal funcionario, en el mes de agosto está de vacaciones».

El concurso, que parece haberse convertido en una madeja imposible de desliar, debía estar adjudicado desde principios de 2020, dado que la anterior concesión terminaba el 30 de abril del pasado año y no podía volver a prorrogarse.

Sin embargo, la compañía que se adjudicó 7 TV hace seis años y que vuelve a optar al concurso, Secuoya, sigue gestionando el canal autonómico gracias a un contrato de emergencia aprobado por el Gobierno regional al amparo del decreto de alarma, que se alargará al menos durante los próximos cuatro meses y que ha permitido a la adjudicataria obtener unos ingresos añadidos de más de 17 millones sobre el presupuesto de la concesión vencida en abril del año pasado.

Este contrato de emergencia se ha ido alargando porque la licitación ya fue suspendida hace un año, tras la impugnación del pliego de condiciones por parte del grupo murciano TCERO, que recurrió al Tribunal de Recursos Contractuales para obligar a la Consejería a precisar cómo iba a puntuar una de las cláusulas, relativa a las retribuciones de los trabajadores.

El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda exigió entonces una revisión del pliego, lo que dio lugar a una nueva convocatoria y obligó a los postores a presentar por segunda vez sus ofertas en diciembre de 2020.

En los nueve meses transcurridos desde que se cerró el plazo por segunda vez, la Mesa de Contratación solo ha evaluado uno de los tres sobres que debían presentar los postores. El primero aportaba solo la información de carácter administrativo, mientras que el segundo contiene las ofertas económicas y la programación que ha previsto cada una de las cinco aspirantes, cuya valoración fue encargada a tres expertos, procedentes del Servicio Público de Radiotelevisión y de las consejerías de Educación y Transparencia, respectivamente. El tercer sobre ni siquiera se ha abierto todavía, lo que hace prever que la adjudicación tardará.